El Gobierno de Nicaragua anunció este martes que enviará a sus casas a 636 presos como una medida para promover la "unión familiar y en ocasión de la Semana Santa".
El Ministerio de Gobernación indicó que los beneficiados con el "régimen de convivencia familiar" son reclusos de distintas cárceles, sin precisar si entre ellos están los llamados "presos políticos", aquellos detenidos en el marco de las protestas contra el Gobierno que comenzaron el 18 de abril de 2018.
La liberación de los "presos políticos" es un compromiso adquirido por el Gobierno de Nicaragua en el marco de las negociaciones en busca de una salida pacífica a la crisis que se desarrollaron entre el 27 de febrero el 3 de abril.
El Ejecutivo anunció la liberación de cientos de "presos políticos" en un plazo de 90 días a partir del 20 de marzo, pero desde esa fecha solamente 50 han sido enviados a casa bajo régimen de convivencia familiar, una condición en la que ya se encontraban otros 150 excarcelados previamente.
Datos de la oposición indican que al menos 809 "presos políticos" permanecen bajo algún régimen carcelario en Nicaragua, mientras que el Gobierno reconoce poco más de la mitad de esa cifra y los denomina "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes".
De acuerdo con el anuncio de este martes, los 636 reos beneficiados con el régimen de convivencia familiar "han cumplido con los requisitos de ley y los procesos que las normas penitenciarias establecen".
El cambio de régimen carcelario para cientos de convictos es una medida que acostumbra tomar el gobierno del presidente Daniel Ortega cada diciembre con motivo de Navidad y Año Nuevo, pero no suele hacerlo previo a la Semana Santa.
El anuncio de este martes llega un día antes de una movilización convocada por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco para exigir justicia para las víctimas de la crisis y una solución pronta y pacífica al conflicto, que estallido cumplirá un año el próximo jueves.
La crisis de Nicaragua además ha dejado 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organismos humanitarios locales señalan hasta 568. El Ejecutivo reconoce 199.
