Tras un año de trabajo y la recopilación de cientos de documentos y testimonios, la semana pasada fue remitida a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya una denuncia suscrita por la Asociación Cuban Prisoners Defenders, que preside Javier Larrondo, y la ONG Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), coordinada por el expreso de conciencia José Daniel Ferrer, un exhaustivo documento denunciando al Gobierno de Cuba –representado en la figura de seis destacados miembros del régimen cubano– por "la comisión de crímenes de lesa humanidad de esclavitud, persecución y otros actos inhumanos", recogidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma.
Los demandados son: Raúl Castro, al frente del gobierno cubano entre 2006 y 2018 –y en la actualidad primer secretario del Partido Comunista–; y Miguel Díaz-Canel, presidente desde abril de 2018. A ellos se suma el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz, el de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández.
La denuncia, de cuya recepción acusó recibo el CPI este lunes y ha sido presentada este martes a la prensa desde la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, abarca un periodo comprendido entre el año 2002 hasta la actualidad y se centra en los abusos a que han sido sometidos miles de trabajadores, especialmente médicos, que se han visto forzados, en su mayoría, a participar en las conocidas como Misiones de Internacionalización, muchas de las cuales están amparadas por Convenios internacionales."
"Ha tomado casi un año de trabajo de documentación -explicó Javier Larrondo al diario ABC- en donde empezamos con una perspectiva global de crímenes de lesa humanidad y entendimos en un momento determinado que Cuba tenía una vulnerabilidad en su accionar al exportar su esclavitud a terceros países que tenían convenios y tratados que protegen los derechos de todos los habitantes en ellos incluidos los cubanos. Fue entonces cuando nos centramos en las misiones y en los trabajos en el exterior de Cuba y descubrimos que ejercita las mismas violaciones de Derechos Humanos sobre los trabajadores que ejercitan dentro de la isla. Nos dimos cuenta que teníamos jurisdicción y competencia en numerosos foros y que el gobierno era por fin vulnerable ante la verdad jurídica".
En dichas misiones, que duran aproximadamente tres años, participan entre 50.000 y 100.000 trabajadores civiles (médicos, profesores, ingenieros, deportistas...) en más de un centenar de países, 58 de los cuales son Estados parte del Estatuto de Roma –entre ellos, Brasil, Guatemala, Argentina, Colombia, Honduras, Ecuador, Venezuela, México, Bostwana; así como cuatro países europeos, Italia, Portugal, Suiza y Malta–. Si bien Cuba no forma parte del CPI, los crímenes sí han sido y están siendo cometidos en países que lo son, lo que permite llevar adelante esta denuncia inédita hasta el momento.
Estas misiones han servido para llevar los cuidados médicos a poblaciones remotas y a personas carentes de recursos, pero también para el enriquecimiento del Gobierno de Cuba a costa del trabajo de miles de médicos, según pretende demostrar la denuncia. Estos han recibido una parte mínima de su salario, entre el 10% y el 25% del salario acordado entre el régimen cubano y el país en el que prestan servicio, reembolsándose el régimen cubano entre el 75% y 90% restante. A esta violación de sus derechos económicos se suman las condiciones de vida a las que han sido sometidos los galenos, como un estricto control –prohibición para conducir, control de pernocta, de movilidad, de horarios, vigilancia electrónica–, además de haber sido víctimas de persecucion y amenazas si no cumplían las exigencias del régimen o abandonaban la misión.
Según datos de la ONG CubaArchive, que lleva un riguroso registro de los actos de represión que lleva a cabo el régimen cubano desde hace décadas, los ingresos de Cuba derivados de estas misiones habrían alcanzado hasta los 10.000 millones de dólares en 2014, cuando fue su pico máximo, que bajarían a 8.000 en 2016. Una cifra, esta última, que triplica los ingresos por turismo, su segunda fuente de ingresos. De ahí la importancia para el régimen de conservar los activos (los médicos), que no duda en aplicar diversas medidas de represión que los disuada de abandonar las misiones y quedarse en el país en el que ejercen la actividad sanitaria.
Además de ser presentada ante La Haya, la denuncia, que ha sido remitida también al Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, además de a la Comisión Inter-Americana de los Derechos Humanos y trasladada a los gobiernos de los Estados parte que colaboran con alguna de estas misiones, se sustentan en multiples documentación y en más de un centenar de testimonios. De los 110 testimonios reunidos, 64 son públicos –muchos pertenecen a médicos que abandonaron el programa Mais Medicos en Brasil, creado por la presidente Dilma Rousseff en 2013–, mientras que los 46 restantes, recogidos entre 10.000 médicos desertores consultados, son privados, para proteger su identidad y evitar que tanto ellos como sus familias sean víctimas de la represión del régimen.
La denuncia de Cuban Prisoners Defenders y la Unpacu se produce meses después de que el presidente electo entonces, Jair Bolsonaro, denunciara los abusos del programa Mais Medicos y exigiera al gobierno cubano una serie de cambios en las condiciones de los trabajadores sanitarios. El régimen se negó y canceló el programa, repatriando a gran parte del personal médico, pero no a todo. Se calcula que de los 8.300 médicos cubanos que ejercían en Brasil, unos 2.000 decidieron quedarse en el país como consecuencia de la oferta de asilo que ofreció Bolsonaro.
El Gobierno de Brasil pagaba más de 4.200 dólares de salario por cada médico, de los que el facultativo recibía 400, otros 40 iban a su familia en Cuba, 10 dólares eran destinados a pagar la cuota del Partido Comunista cubano, mientras que 450 dólares permanecián requisados por el Gobierno cubano en una cuenta, que serían entregados al regresar el médico a la Isla. El resto, 3.300 dólares, iban a parar a las arcas del Gobierno cubano.