Los actuarios de la Agencia Tributaria de España ratificaron ayer ante el juez que investiga a Shakira por fraude fiscal, que la cantante colombiana defraudó en 14,5 millones de euros -unos 16 millones de dólares- a las arcas públicas españolas entre 2012 y 2014, según informaron medios de ese país como El Diario y EFE.
En la declaración, de carácter técnico, estuvieron presentes el abogado de Shakira, José Ángel González Franco, así como los letrados Diego Artacho y Arnau Xumetra, que representan al asesor fiscal de la cantante en los Estados Unidos, también imputado en la causa, abierta a instancias de una querella del Ministerio Público.
En 2019, Shakira fue acusada de haber defraudado a la Hacienda Pública en España por más de 14,5 millones de euros que debía haber abonado en concepto de impuestos, utilizando para ello un entramado de catorce sociedades en países como Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Panamá.
Por su parte Shakira aseguró que pagó la suma completa que le exigía la Agencia Tributaria y que no está en deuda con el Estado español. Cuando fue citada a declarar el pasado junio, aseguró que ya había abonado 20 millones de euros correspondientes a las deudas e intereses de 2011, así como los 14,5 millones que le reclamaban por los ejercicios siguientes y defendió que, en esas fechas, no tenía obligación de tributar en España.
Igualmente, afirmó que cumplió sus obligaciones tributarias siguiendo las indicaciones de sus asesores fiscales, de la consultora PWC, expertos en materia fiscal de reconocido prestigio.
La cantante, que respondió únicamente a preguntas de su abogado, sostuvo que sólo fijó su residencia en Esplugues de Llobregat en 2015, cuando dio a luz a su segundo hijo, y que hasta entonces únicamente realizó visitas puntuales debido a su relación sentimental con el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué.
Según la querella, la artista colombiana urdió un "plan" con el objetivo de no pagar a Hacienda ni el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ni el del patrimonio y lo logró gracias a una red de empresas radicadas en paraísos fiscales que eran formalmente las titulares de los ingresos que percibía.
La acusa, además, de emplear este esquema "con el deseo de no tributar", a sabiendas de que "vivía de manera habitual en España (...) a excepción de sus salidas para cumplir con sus compromisos profesionales y sus actividades de ocio".
El Ministerio Público subraya así que Shakira canalizó "los movimientos de capital generado con su actividad profesional", como actuaciones musicales o la comercialización de perfumes con su nombre, a través de empresas domiciliadas en Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo.
