El Departamento de Investigación de Delitos Especiales de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado (DGLCCO) y la INTERPOL detectaron el modus operandi de una organización criminal internacional que se dedicaba al tráfico de migrantes cubanos.
Tras varios meses de tareas de inteligencia, las agencias lograron descubrir a un grupo organizado que operaban desde La Habana, donde los cubanos integrantes de la banda elegían al azar a sus compatriotas y los cautivaban con la posibilidad de viajar a Uruguay.
Según la investigación, los criminales les daban la oportunidad de los cubanos de permanecer en Uruguay o viajar a Estados Unidos como destino final.
El viaje partía desde Cuba hacia Guyana, ya que los ciudadanos cubanos no necesitan visa para ingresar, y luego de procesar el pago del dinero previamente acordado con la banda organizada, eran trasladados a una casa hasta la llegada de más cubanos, donde se les dividía según el destino y el dinero que poseía cada cubano.
Luego de la división, los ciudadanos cubanos eran trasladados por tierra a la ciudad de Boa Vista, en el estado de Roraima, en Brasil, donde se alojaban en una casa suministrada por la organización, mientras que esperaban que fuera seguro para retomar el viaje.
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El recorrido se efectuaba por ómnibus o vuelos de cabotaje pasando por las ciudades de Manaos y Porto Alegre; de allí se dirigían a las ciudades de Chui o Santana do Livramento para poder ingresar a Uruguay.
Una vez en Uruguay, algunos cubanos se establecían como refugiados, mientras que otros se comunicaban con otras redes criminales que cobraban entre $6.000 y $7.000 para ser transportados a otro destino. El dinero era pagado, usualmente, por los propios familiares de los cubanos desde Estados Unidos.
A raíz de la investigación, se realizó un allanamiento en una casa de la ciudad de Montevideo, donde se encontró evidencia de envíos de dinero a Ecuador, Honduras, México y Perú.
Se detectó que desde Uruguay se enviaban los pasaportes cubanos originales por correo privado a México o Perú para la confección del documento falso. Una vez realizado, los documentos originales y los documentos falsificados eran devueltos al cubano migrante que estaba en Uruguay.
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Finalmente, 34 personas de nacionalidad cubana y solicitantes de refugio fueron encontrados: 21 hombres y 13 mujeres con edades comprendidas entre 35 y 45 años; 12 de las cuales fueron condenadas por delito de uso de un documento falso que conlleva a la pena de 6 meses de prisión.
Del mismo modo, se intervinieron 18 visas: nueve italianas, cinco mexicanas, tres austríacas y una española; y 34 pasaportes: 30 cubanos, dos peruanos y dos mexicanos.
La operación estuvo apoyada por el personal de la Base Operativa Internacional N° 1 de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN) y de la Dirección Nacional de Migración, con la ayuda de diversos países.
