Militares del batallón 513 Mariano Montilla, apoyados por 30 indígenas reservistas del Ejército, se sublevaron la madrugada de este domingo en la frontera de Venezuela con Brasil.
Un grupo de indígenas encendió las alarmas, al tomar el control del Batallón 513 ubicado en Luepa, en el estado Bolívar, al sur del país. Doce nativos pemones pertenecientes a la reserva militar, liderados por un oficial desertor del Ejército, sustrajeron 122 fusiles del parque de armas que fueron recuperados posteriormente por los cuerpos de seguridad. En el asalto se apropiaron además de fusiles AK103, seis cajas de municiones para los AK103, 60 granadas 40mm, una ametralladora, seis bazucas y una granada propulsada por cohete o RPG.
Al principio se creía que era un conato de levantamiento, pero terminó siendo un incidente menor. Aún así, un soldado falleció y el asaltante del cuartel, un exguardia nacional de nombre Darwin Malaguera Ruiz, resultó herido y detenido durante un enfrentamiento con un punto de control militar comandado por el teniente coronel Renjifo Armas, cuando huían con los fusiles en dos vehículos.
Según reseñó el portal La Patilla, Malaguera Ruiz habría sido uno de los oficiales que desertó el 23 de febrero hacia Cúcuta, Colombia, cuando el Gobierno interino de Juan Guaidó intentó hacer pasar la ayuda humanitaria desde ese país. Tras su huida de Venezuela, se habría "separado del grupo principal junto a otros exfuncionarios que decidieron dirigirse a Brasil para encabezar hoy la toma de Luepa junto a pemones armados". El líder pemón, Ricardo Delgado, publicó por su cuenta de Twitter que en la sublevación de oficiales batallón 513 Mariano Montilla "tomaron como rehén al comandante y se dirigen a Santa Elena, y están haciendo un llamamiento a la población civil y a la GNB para que se unan al Ejército libertador y se comience el cese de la usurpación" de Nicolás Maduro y del gobernador de Bolívar, Justo Noguera Pietri.
Por su parte, la ONG Provea, que defiende los derechos humanos en el país, pidió protección al pueblo indígena. Aseguró que ellos son "los más perjudicados por el desastre ecológico en el Orinoco".
El 12 de diciembre, un grupo de indígenas denunciaron la presencia de una comisión integrada por 15 rusos, acompañada de militares venezolanos que estarían instalando radares de última tecnología para presuntamente extraer minerales. De inmediato, la comunidad pemona exigió al régimen de Maduro explicación, una de tantas que han solicitado desde que en 2016 comenzaron las extracciones de minerales ilegalmente pues se trata de un Parque Nacional donde la actividad minera está prohibida. Más de 900 personas de la etnia pemón se han desplazado hacia Brasil huyendo de la violencia y la persecución política que inició el régimen venezolano.
El Arco Minero del Orinoco contempla una zona de 111.000 kilómetros cuadrados, el 12% del territorio venezolano, y la explotación de recursos como la bauxita, oro, coltán, hierro, cobre, diamantes y coalín, ha puesto en riesgo a la población conformada por más de 54.000 indígenas. Desde sus inicios, el proyecto ha estado en gran parte controlado por Rusia y China, países que han invertido y participado activamente en la explotación de oro y diamantes en la Faja Petrolífera del Orinoco, donde se encuentran las reservas más importantes de crudo.
El crimen y la corrupción se han apropiado de la zona fronteriza con el estado Roraima. En noviembre un grupo armado perpetró en Ikabarú, una zona minera de esa entidad, y masacró a cinco personas. Este tipo de sucesos han sido recurrentes en el estado Bolívar debido al control militar e incluso a la presencia de guerrilleros pertenecientes al grupo colombiano ELN. Varias denuncias de diputados de la Asamblea Nacional también han involucrado a Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente chavista, en el manejo de la red de corrupción de las minas de oro.