Presidente de Ecuador declara estado de excepción para contener manifestaciones
Las protestas estallaron cuando los transportistas bloquearon calles y carreteras en varias zonas del país en rechazo al aumento del precio de los combustibles
Protestas estallaron en Quito

Quito, 3 oct (ADN CUBA).- El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretó este jueves el estado de excepción en el país, como una medida para enfrentar las acciones de violencia generadas cuando los transportistas bloquearon calles y carreteras en varias zonas del país en rechazo al aumento del precio de los combustibles, informó hoy la cadena alemana Deutsche Welle (DW).

"Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional", dijo el presidente Lenín Moreno desde el palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, detalló la DW.

El anuncio, agregó la cadena, lo hizo en momentos en que arrecian las manifestaciones, especialmente en la capital ecuatoriana, en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles, acordados en un programa crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Cientos de estudiantes universitarios se manifestaron en el centro histórico de Quito, donde se encuentra la sede del Ejecutivo.

La DW dijo que los policías, con equipos antimotines, dispersaron las manifestaciones con gran cantidad de gases lacrimógenos. Para controlar la manifestación en el centro histórico, la Policía utilizó también carros antimotines.

"Los derechos se exigen sin perjudicar a los que verdaderamente son fundamentales para el progreso del país, la generación de trabajo, la educación, la libre movilidad, la seguridad de las personas", señaló el gobernante.
 

Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), rechazó el decreto de estado de excepción y aseguró que mantendrán sus protestas.

"Nuestro rechazo frontal a esta declaratoria porque eso es ir en contra de los derechos del pueblo ecuatorianos", dijo a Efe al asegurar que convocarán a una "movilización indefinida".

La ministra del Interior, María Paula Romo, comentó en una rueda de prensa que la paralización del transporte se cumplió "de manera parcial" y obligó al Gobierno a suspender las clases de escuelas y colegios para garantizar la seguridad de los estudiantes.

"Es el deseo del presidente y de todos los ecuatorianos recuperar la calma cuanto antes y recuperar el orden para volver a trabajar y a producir", comentó antes de explicar que 19 personas fueron detenidas en las manifestaciones y argumentó que suspender los servicios públicos es un delito, penado con entre 1 y 3 años de prisión.

El titular de Defensa, Osvaldo Jarrín, comentó por su parte que la medida busca restituir el orden, la seguridad pública y ciudadana.


 

 

Sin entrar en detalles sobre las acciones que implican el estado de excepción, comentó que la medida establece como "zona de seguridad al territorio nacional".

"El estado de excepción presupone garantizar el desarrollo de las actividades sociales, económicas de la población, lo que significa su movilidad, su seguridad, sus derechos sus libertades", señaló.

Y subrayó que se establecerán acciones por parte de las autoridades "cuando se interrumpa el orden vigente".

Romo comentó que los cortes de vías en las protestas impiden a los ciudadanos ejercer sus derechos, trabajar y producir, y recalcó que el estado de excepción "está dado para garantizar que todos los ciudadanos puedan movilizarse y trabajar".

Aseguró que la decisión del jefe de Estado no busca restringir la movilidad de los ciudadanos ni limitar sus actividades y autoriza "el empleo coordinado de la fuerza de la Policía y Fuerzas Armadas, en los casos que sea necesario para movilizar, despejar las vías".

En el norte y sur de la capital también hubo bloqueo de avenidas en las que los manifestantes quemaron llantas y palos, que los policías intentaban despejar una y otra vez.

Esa situación se repitió en varias ciudades en las que indígenas se sumaron a la protesta de los transportistas que rechazan la eliminación de los subsidios, que estuvieron en vigor durante cuarenta años.