La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco y familiares de los manifestantes detenidos por protestar contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega lanzaron este sábado una campaña por la liberación de al menos 161 "presos políticos".
La campaña denominada "¡Navidad sin ninguna presa, ni preso político!" fue presentada en el estacionamiento de un edificio de oficinas en Managua durante una vigilia por los familiares de los detenidos, según constató Efe.
"Nosotros, familiares de presas y presos políticos, denunciamos enérgicamente que al día de hoy más de 161 personas, 8 mujeres y 153 hombres, están encarcelados por la dictadura de la familia Ortega Murillo, sufriendo todo tipo de abusos, agresiones y padecimientos que lesionan su integridad y que hacen peligrar su vida", señalaron en un documento, leído por una de las madres.
Según los familiares, sus hijos, hermanos o padres están presos "por pensar diferente, por pretender ejercer su derecho constitucional a la protesta, por tratar de ejercer su libertad de expresión y hasta de religión".
En el documento, sostienen que sus parientes "fueron secuestrados de sus casas, lugares de trabajo o haciendo actos de solidaridad o protesta, mediante el uso de violencia de fuerzas policiales y paramilitares, en muchos casos sus pertenencias fueron robadas y sus medios de trabajo han sido destruidos".
Asimismo, señalaron a la Policía Nacional de inventar delitos a sus familiares, "sembrado drogas y armas", para presentar los casos como delitos comunes.
"Los fiscales han armado causas ilegales y basadas en mentiras y falsedades; los jueces han actuado al margen de la ley, ejecutando la orden de condenar a nuestros familiares", agregaron.
Entre otros, los familiares exigieron la liberación inmediata e incondicional de la totalidad de los "presos políticos" y al Gobierno "cesar en su política de tener rehenes".
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"Las capturas y secuestros deben terminarse en Nicaragua. Exigimos el cese del hostigamiento y acoso a familiares y excarcelados", demandaron.
Los familiares anunciaron que se mantendrán movilizados, activos y en protesta cívica "en todo el país y conforme nuestros medios".
Asimismo, convocaron a los nicaragüenses a sumarse a la campaña para lograr una Navidad "sin ninguna presa, ni preso político".
En tanto, al Gobierno le exigieron cumpla con su obligación y su compromiso de admitir la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Oacdhnu) para que constaten la situación de sus familiares.
La vigilia fue realizada después de que un grupo de familiares acudiera a la sede del Complejo Judicial de Managua donde está previsto comenzar una audiencia inicial contra 16 jóvenes opositores que fueron detenidos cuando se disponían llevar agua a unas madres que hicieron huelga de hambre por la liberación de sus hijos.
El Ministerio Público acusa a los 16 opositores por los presuntos delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones en perjuicio de la "seguridad pública de la sociedad nicaragüense".
Trece de los 16 acusados pertenecen a la Unidad Nacional, entre ellos la líder estudiantil Amaya Coppens, de nacionalidad belga y nicaragüense, una activista que ya había sido detenida con anterioridad y fue liberada bajo una polémica Ley de Amnistía.
Según la CIDH, al menos 328 personas han muerto desde el inicio de la crisis política en Nicaragua que estalló el 18 de abril de 2018, aunque organizaciones locales cuentan hasta 651, mientras el Gobierno de Ortega admite 200 y alega defenderse de un intento de "golpe de Estado".
