Lima, 1 oct (ADN CUBA).- La Organización de los Estados Americanos (OEA) aseguró este lunes que compete al Tribunal Constitucional del Perú definir si es legal o no la decisión tomada ayer por presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso, en medio de la crisis política y el enfrentamiento que mantienen el Ejecutivo y congresistas tras la adopción de esa medida.
“La Secretaría General de la OEA considera que compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución, conforme a las acciones y planteos que realicen los actores políticos al mismo”, afirmó el organismo en un comunicado de prensa difundido este martes.
El presidente peruano, Martín Vizcarra, disolvió este lunes el Congreso dominado por la oposición, que reaccionó suspendiendo a su vez al jefe de Estado.
“El popular mandatario peruano, respaldado por la cúpula militar y de los gobernadores regionales, invocó normas constitucionales después de que éste (el Congreso) le negara un voto de confianza ligado a una reforma del procedimiento de designación de magistrados del Tribunal Constitucional”, afirmó por su parte el portal Infobae, este martes.
El Congreso respondió horas después aprobando la suspensión temporal de Vizcarra de la presidencia y designando en su lugar a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, en una sesión en que no participaron los parlamentarios que apoyaron la decisión de Vizcarra.
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Además de disolver al Congreso, Vizcarra convocó también a la celebración de elecciones para conformar uno nuevo, el 26 de enero.
La OEA añadió en el comunicado que es “un paso constructivo” el llamado a elecciones “y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano, en quien radica la soberanía de la nación”.
El organismo regional agregó: “Es conveniente que la polarización política que sufre el país la resuelva el pueblo en las urnas”, y pidió a las partes que realicen “gestos que propicien la calma” ante la crisis.
“Es prioritario que la ciudadanía no sea expuesta a hechos de violencia en un marco de conflictividad y fragilidad política observable en los últimos meses”.
Mientras tanto, la tranquilidad reinaba este martes en Perú un día después de la disolución del Congreso, con el debate centrado ahora en la constitucionalidad de la decisión del presidente Martín Vizcarra y, también, en la designación, por una facción del Legislativo, de la vicepresidenta Mercedes Aráoz como "presidenta en funciones".
Durante la mañana de este martes, las calles de Lima y las principales ciudades del país mostraron la rutina y el tráfico cotidiano tras las manifestaciones de apoyo que recibió el lunes la medida anunciada por Vizcarra.
Solo el tránsito por las cercanías al Palacio Legislativo fue restringido por la Policía que, según constató Efe, permitió el paso de vecinos y trabajadores del Congreso vinculados con la Comisión Permanente, que debe mantener sus funciones hasta la elección del nuevo Legislativo, en enero.
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Tal como adelantaron los sondeos de opinión, entre la ciudadanía es mayoritario el apoyo a la decisión de Vizcarra, ya que el Congreso, que dominaba el fujimorismo, es una de las instituciones más desprestigiadas ante la opinión pública, que considera que ha sido un obstáculo permanente para la lucha anticorrupción.
El principal pronunciamiento en contra lo ofreció la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales (Confiep), la principal patronal del país, que expresó su "enérgico rechazo" a la decisión del gobernante y aseguró que la disolución del Congreso ha sido una violación de la Constitución.
La prensa local remarcó, a su turno, que el país afronta una crisis constitucional, ya que existen interpretaciones divergentes sobre la validez jurídica de la decisión de Vizcarra.
La polémica también se dirigió a la decisión de la vicepresidenta Mercedes Aráoz de jurar ante el Congreso disuelto como "presidenta en funciones", después de que aquel declarara a Vizcarra suspendido de sus funciones durante 12 meses por "incapacidad temporal", en una medida que no ha tenido mayor efecto práctico.
Juristas remarcaron que la suspensión temporal de un gobernante no figura en la Constitución peruana y que Aráoz ha podido cometer el delito de usurpación de funciones, que contempla una condena de hasta 7 años de cárcel.
