Con el foco mediático volcado en la actualidad del coronavirus, China anunció este martes la condena a diez años de cárcel del editor y librero sueco Gui Minhai, de 55 años, al que un tribunal de la ciudad de Ningbo encontró culpable de pasar “datos de inteligencia a una potencia extranjera”.
Su sentencia pone el punto y final al caso de los libreros desaparecidos de Hong Kong, un enrevesado episodio que puso de relieve el alcance de la represión y la censura de Pekín contra las voces molestas para el régimen.
El fallo contra Gui fue emitido el lunes por el Tribunal Intermedio de Ningbo, ciudad del este de China en la que nació el acusado, aunque no se hizo pública hasta el pasado martes. Según el comunicado oficial, el acusado se declaró culpable y no apeló la sentencia, que también incluye la pérdida de sus derechos políticos durante cinco años. El tribunal asegura que Gui renunció a su nacionalidad sueca, obtenida en 1996, durante el pasado año 2018, lo que dificulta que Estocolmo pueda proporcionarle algún tipo de asistencia.
El caso de Gui y sus cuatro compañeros de oficio, que regentaban en Hong Kong una editorial y una librería especializada en la venta de volúmenes sobre las intimidades y escándalos -reales o ficticios- de la élite comunista, es uno de los más rocambolescos y polémicos del sistema legal chino de los últimos años.
Todo comenzó en octubre de 2015, cuando Gui desapareció de su residencia vacacional de Tailandia y fue llevado de manera ilegal a China. Con el paso de los días, otros tres colaboradores suyos se evaporaron misteriosamente tras haber entrado en la China continental mientras que a un cuarto, su socio Lee Bo, se le perdió la pista en las calles de Hong Kong, donde la policía china no tiene competencia para actuar. Sus casos provocaron una gran inquietud en la ex colonia británica, donde estas desapariciones se vieron como un grave menoscabo al principio de “un país dos sistemas” por el que se rige su relación con la China continental.
Meses más tarde, todos reaparecieron en centros de detención chinos, donde confesaron ante las cámaras de televisión haber cometido diferentes crímenes. La confesión más sonada de todas fue la de un Gui que, entre lágrimas y disculpas, admitió haber huido de China hace años por temor a ir a la cárcel tras atropellar y matar a una chica en 2003 cuando conducía borracho y que había regresado al país voluntariamente para hacer frente a la justicia.
Tras dos años encarcelado, el librero fue puesto en libertad en 2017, aunque sus familiares siempre denunciaron que sus movimientos estaban restringidos y que vivía confinado en un apartamento bajo vigilancia policial en Ningbo. Pero en enero de 2018, Gui fue nuevamente arrestado cuando se dirigía a Pekín en compañía de dos diplomáticos suecos para, según su versión, someterse a un exámen médico en la embajada tras haber comenzado a mostar síntomas de una enfermedad degenerativa.
Semanas después, volvió a comparecer ante los medios para asegurar que había sido manipulado por las autoridades suecas, que habían “sensacionalizado” su historia e intentaban sacarlo del país “de forma ilegal”. “Mi maravillosa vida ha sido arruinada y nunca más volveré a confiar en Suecia”, dijo.
Su caso provocó un empeoramiento de las relaciones entre Pekín y Estocolmo y, a la postre, le costó el cargo a la embajadora sueca en Pekín, Anna Lindstedt, a la que la Fiscalía de su país acusó el pasado diciembre de haberse extralimitado en sus funciones. Un mes antes, el PEN sueco otorgó a Gui el premio Tucholsky, que lleva el nombre de un escritor alemán que huyó de la Alemania nazi por Suecia. Aquel gesto irritó a Pekín, que advirtió a los escandinavos que “sufrirían las consecuencias”.
Tras conocerse la sentencia, la ministra de Exteriores sueca, Ann Linde, dijo que su gobierno seguía insistiendo en que Gui debería ser puesto en libertad. “Ahora estamos recabando más información”, dijo en su cuenta de Twitter, agregando que sus diplomáticos no habían tenido acceso al juicio. “El Gobierno continúa exigiendo que Gui Minhai sea liberado y que tengamos acceso a nuestros ciudadanos para brindarles apoyo consular”.
La dura sentencia también ha provocado una oleada de críticas por parte de oenegés y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Para Sophie Richardson, directora para China de Human Rights Watch, la sentencia es una muestra de “la hostilidad sin fondo del gobierno chino hacia los críticos y de su uso desvergonzado de su sistema legal. Gui no ha cometido ningún delito y debería ser puesto en libertad de inmediato”, señaló.
