Se trata sobre Desi Bouterse, un exdictador militar que dirigió Surinam, un pequeño país sudamericano, entre 1980 y 1987; al terminar su mandato fue condenado a 20 años de prisión por un tribunal militar y quien ahora busca su tercer mandato.
La población de Surinam acudió a las urnas este lunes para elegir a los 51 miembros de la Asamblea Nacional que dictarán el futuro del expresidente Desi Bouterse, condenado por la ejecución de opositores en diciembre de 1982, entre ellos empresarios, abogados y periodistas.
Esta es una decisión importante para los ciudadanos de Surinam, donde escogen los miembros del nuevo Parlamento, encargado de elegir al presidente del país. Esta será la clave para definir el futuro de Desi Bouterse.
Señalan desde el Partido Nacional Democrático (NDP), que podría perder su mayoría en el parlamento unicameral de 51 escaños, responsable de elegir al presidente.
Sin embargo, una encuesta del Instituto IDOS predijo que el (NDP) podría perder su mayoría de 26 escaños, para pasar a tener entre 17 y 14, mientras que la oposición se quedaría con 12 de las 17 bancas en la capital.
Desi Bouterse y su esposa, Ingrid Waaldring, fueron los primeros votantes en llegar a una de las escuelas de Paramaribo, capital de Surinam, rodeado de seguidores y medios de comunicación.
Para realizar las votaciones, las autoridades de la excolonia holandesa en el continente suramericano, levantaron por dos días el confinamiento parcial decretado para enfrentar la crisis mundial, además, las elecciones se extendieron durante dos horas más, para permitir que las personas que faltaran por votar pudieran hacerlo antes del cierre de los colegios electorales.
Durante el periodo electoral, jurados locales informaron irregularidades en varios colegios electorales, como listas en las que figuraban el nombre de fallecidos. "Es un caos. En cada elección hay casos, pero éstos son como una gran piscina de petróleo que se vierte en el mar", declaró Jennifer Van Dijk-Silos, presidenta del Consejo Electoral Independiente, confirmando las irregularidades.
La oposición acusa a Bouterse de numerosos escándalos de corrupción y de la grave crisis económica en la que está sumido el país, donde su actividad principal está dedicada a la exportación de oro y petróleo.
Bouterse es una figura muy controvertida; un tribunal de Holanda lo sentenció a 11 años de prisión en 1999, por tráfico de cocaína, un delito que él niega haber cometido. Ahora se enfrenta a una investigación dirigida por Santokhi, un exministro de Justicia que lo acusa por los hechos conocidos como los "asesinatos de diciembre", donde su audiencia se postergó hasta junio por la pandemia.
