Chile parece decidido a sepultar la Constitución de Pinochet, pues hoy en la madrugada los congresistas de ese país dieron luz verde a un largo proceso político que, si bien no asegura el fin de las protestas, eliminará un triste legado de aquella dictadura sanguinaria.
No hay nada seguro, porque el primer paso es un referendo en el cual la ciudadanía debe decir si desea cambiarla o no, pero como las encuestas indican que 8 de cada 10 chilenos lo quieren, es probable que al fin se cumpla uno de las exigencias más importantes de las manifestaciones, que tienen al país sumido en el desgobierno desde hace un mes.
El primer paso es el referendo, en abril de 2020. De ganar el SÍ, entonces los chilenos deben contestar además qué órgano debería redactarla: si una “convención constitucional” con miembros completamente nuevos que funcione en paralelo al Congreso con funciones constituyentes o una “convención mixta” compuesta por un 50% de parlamentarios y otro 50% de delegados elegidos expresamente al efecto.
En octubre del mismo año ocurriría la elección de la asamblea constituyente, al mismo tiempo que las elecciones municipales y regionales.
El plazo de funcionamiento del órgano constituyente será de hasta 9 meses, prorrogable una sola vez por tres meses. En ese periodo deberá aprobar las normas y el reglamento de votación bajo un quórum de 2/3 de sus miembros. Sesenta días después de la entrega del nuevo texto constitucional, se realizará un referendo ratificatorio con sufragio universal y obligatorio.
Será la primera vez que Chile tenga una carta magna nacida en democracia, porque sobre las otras, de 1833, 1925 y 1980, flotó el ruido de los sables y las bayonetas. Además, aquellas fueran redactadas por comisiones de expertos sin participación del pueblo en ninguna de sus etapas.
La voz de los de abajo se hizo sentir ahora desde el inicio. Sectores tan contrarios a cambiar la carta fundamental como el partido derechista Unión Democrática Independiente no dudaron en dar su aprobación a este proceso, atemorizados por las protestas que no cesan y ya han causado estragos a la economía del país.
Dentro de ese partido hay ex militares formados bajo la dictadura, para los cuales renunciar a la Constitución actual es un golpe a su orgullo y sus tradiciones.
Desde la década de los noventa, la Constitución chilena fue enmendada una decena de veces. Tras la reforma de 2005, que fulminó los principios más antidemocráticos, se puede despedir a jefes militares sin consulta previa al Consejo Nacional de Seguridad, un organismo que tuvo gran peso durante la dictadura, y ya no hay senadores vitalicios.
La actual Constitución chilena data de 1980 y, aunque fue modificada varias veces, es criticada por ser herencia del régimen militar de Augusto Pinochet y por consolidar un papel residual del Estado en la provisión de servicios básicos, que justamente es uno de los motivos de las protestas que se iniciaron el 18 de octubre.
La crisis es la más grande de Chile desde su regreso a la democracia en 1990, y ya ha dejado al menos 20 muertos y más de 1000 heridos.
