El Gobierno de El Salvador, encabezado por Nayib Bukele, debe frenar las detenciones de personas que han incumplido la cuarenta obligatoria en vigor en el país para intentar contener la expansión del coronavirus, demandó este jueves Amnistía Internacional (AI).
En lugar de realizar dichas detenciones, que han sido duramente criticadas por sectores de oposición y organizaciones de derechos humanos, AI recomendó implementar una estrategia de salud pública basada en proteger a la población y a sus derechos humanos.
En una carta abierta, junto con otras organizaciones, AI expresó su preocupación ante estas medidas e instaron al Gobierno a revertir "inmediatamente" las medidas para combatir la pandemia en el país.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que estas decisiones, lejos de cumplir fines sanitarios, solo han generado múltiples denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos, "incluidas detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza".
El pasado 21 de marzo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decretó una "cuarentena domiciliar" y "absoluta" por 30 días para contener la pandemia de COVID-19.
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Apuntó que las personas que no acataran la medida serían detenidas y llevadas a un "centro de contención" para pasar ahí la cuarentena y se le retirarán "algunos beneficios" que reciben quienes se encuentran en estos lugares desde que comenzó la emergencia.
Guevara-Rosas dijo que las autoridades salvadoreñas han detenido a miles de personas y las han llevado a centros de contención que, muchas veces, "no cuentan con medidas que garanticen un nivel mínimo de salubridad y distanciamiento físico".
La prensa local ha difundido historias de personas que aseguraron haberse contagiado en esos centros de confinamiento, sobre todo en las primeras semanas donde hubo mucha desorganización y carencia de protocolos sanitarios.
Se calcula que unos 4.000 salvadoreños se encuentran recluidos en esos “centros de confinamiento”.
La representante de AI señaló que con esta estrategia el Gobierno solo incrementa el riesgo de contagio en lugar de protegerles de la enfermedad y aseguró que estas medidas afectan de manera desproporcionada a quienes viven en pobreza y salen en busca de agua, comida o medicinas.
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Si bien la medida del Gobierno dejó abiertas excepcione para buscar alimentos y medicinas, en la práctica la decisión de detener a las personas quedó en manos de soldados y policías que, al recibir luz verde de Bukele, se arrogaron la libertad de ser quienes deciden si alguien va o no a pasar la cuarentena en dichos lugares.
Guevara-Rosas aseguró que El Salvador necesita soluciones integrales que atiendan la desigualdad y las causas que provocan que muchas personas necesiten salir para satisfacer sus necesidades básicas.
A mediados de abril, Bukele decidió ampliar el estado de emergencia nacional por COVID-19 por quince días y empezó a vivir una crisis institucional tras el anuncio de Bukele de ignorar una sentencia de la Corte Suprema que ordena frenar las detenciones y confinamientos "forzosos" de quienes violen la cuarentena decretada ante la pandemia.
AI condenó esos mensajes públicos del presidente que llaman al incumplimiento de dichas sentencias y que desacreditan a las organizaciones de derechos humanos.
"El Gobierno está siguiendo un camino muy peligroso que vulnera el estado de derecho y los derechos humanos", puntualizó Guevara-Rosas.
La oposición local y organizaciones civiles han dicho que las medidas y acciones de Bukele son de corte dictatorial.
Hasta este miércoles, El Salvador registra 377 contagios, mientras que los fallecidos suman 9, según datos oficiales.
(Con información de Efe)