Familiares de los nueve jóvenes sentenciados por el delito de salida ilegal del país tras intentar penetrar en la Base Naval de Guantánamo presentaron una apelación de sus condenas.
La apelación fue presentada ante el Tribunal Militar de Guantánamo por Francisco Aguilar Conde, quien viajó desde Cienfuegos, de donde proceden los jóvenes, hasta Guantánamo en representación de las nueve familias para contratar los servicios de un abogado, quien solicitará una disminución de las sanciones, reportó Martí Noticias.
El letrado Jorge Lescaille Delgado alegó que los jóvenes debieron ser acusados por "desobediencia", dado que no se detuvieron al llamado de las autoridades, pero no de "salida ilegal".
Aguilar Conde, por su parte, indicó que le fue muy difícil contratar los servicios legales de un abogado de un estatal bufete colectivo debido al poco tiempo disponible para preparar la defensa.
"Ningún abogado quería realizar la apelación porque es demasiado poco tiempo para prepararse para el caso", dijo.
Las familias de estos jóvenes, además, esperan por la respuesta a una queja que presentaron ante el Consejo de Estado de la República de Cuba por las diversas irregularidades sucedidas durante el proceso de instrucción del caso, así como en el juicio.
Durante el proceso Aguilar Conde, padre de Jesús Miguel Aguilar, uno de los encausados, denunció que la Fiscalía Militar presentó pruebas falsas y que los militares que detuvieron a los jóvenes no estuvieron presentes en el juicio.
Aseguró, además, que la sentencia estuvo "basada en falsos testimonios y pruebas que el abogado de la defensa pudo desmentir", pero "de nada sirvió", agregó.
Señaló asimismo que "las huellas de material de terreno no se correspondían con las del calzado".
Los condenados son Amauri Martínez, a tres años y seis meses de prisión; Yordanis Ramírez (dos años y seis meses); Yasdiel Galván (cuatro años y ocho meses) y Aniel Martell (cinco años).
También Lázaro Valdés (cuatro años y ocho meses); Jesús Miguel Aguilar (dos años y seis meses); Carlos Antonio García (dos años); Yasmani Marcelino Mendoza (dos años y seis meses); y Roinel Espinoza Céspedes (dos años y diez meses).
Rafael Baradi Sánchez Ruiz y Danner Manuel Estrada Gorra, jóvenes de Guantánamo que sí entraron en la Base Naval de EEUU y resultaron devueltos a territorio de Cuba, fueron condenados a fines de abril a un año y tres meses de prisión y un año y un mes de privación de libertad, respectivamente.
Desde inicios de año, rumores de que la Base estaba brindando acogida a los migrantes se extendieron por toda Cuba. Hasta el momento se desconoce quién lo difundió y con qué intención, pero influyó en cientos de jóvenes de diversas provincias que se dirigieron a Guantánamo a probar suerte.
Ante tal realidad, las autoridades policiales y militares de la provincia oriental colocaron retenes en las vías que conducen a la Base y al municipio de Caimanera para impedir el paso de los que iban llegando y efectuaron un número indeterminado de detenciones. A pesar de ello, el Gobierno cubano nunca desmintió los rumores.