Este 1° de diciembre la Asamblea Nacional de Venezuela, el único poder reconocido internacionalmente, fue el foco de un escándalo. El medio especializado Armando.Info publicó un reportaje, en el cual reveló la conexión entre un grupo de seis diputados opositores con empresarios que mantienen negocios con el chavismo, pues prueba que llevaron una carta la Fiscalía de Colombia y mandaron otra a los Estados Unidos. Los diputados han respondido con contradicciones, negaciones y nuevos señalamientos.
De acuerdo con el reportaje de investigación los legisladores venezolanos Adolfo Superlano, José Brito y Conrado Pérez Linares, miembros de Primero Justicia; Richard Arteaga y Guillermo Luces, militantes de Voluntad Popular; y Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos, partidarios de Un Nuevo Tiempo, llevaron una carta el pasado 9 de octubre a la Fiscalía General de Colombia, así como una similar enviada por vía postal al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con el fin de buscar indulgencias para el empresario Carlos Lizcano, quien aparece como propietario de Salva Foods 2015, y que es reconocido por las autoridades internacionales y periodistas como subalterno de Alex Saab y Álvaro Pulido, los hombres que están detrás del negocio de los CLAP y que han sido sancionado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac).
Ante los señalamientos del medio vinieron las respuestas por parte de los partidos opositores Primero Justicia, Voluntad Popular y Un nuevo tiempo, pues los legisladores eran de sus filas. Las organizaciones políticas decidieron desincorporar a los diputados y solicitaron una investigación a la Comisión Permanente de Contraloría. Lo mismo hizo Juan Guaido la tarde del 1 de diciembre, quien los suspendió de todas sus responsabilidades en el Parlamento Nacional y adicionalmente pidió abrir una investigación independiente con la participación de la sociedad civil, ONG y la prensa.
Luego de las reacciones de los partidos vinieron la de los diputados involucrados. El primero en hablar fue José Brito, quien pertenecía a las filas del partido Primero Justicia y en conferencia de prensa dijo que su visita a la Fiscalía en Bogotá fue para solicitar una auditoría para el caso de la empresa Monómeros Colombo-Venezolanos, una filial de Pdvsa "recuperada" por el gobierno interino de Juan Guaidó.
Indicó que no había estado en las investigaciones de los Clap porque desde 2019 es que empezó a formar parte de la Comisión de Contraloría, también aseguró que no conocía a Alex Saab ni a Carlos Lizcano y calificó de “irresponsables” a Juan Guaidó y a los jefes de partidos. El diputado trató al presidente encargado ante medios nacionales e internacionales de “estafador” y “corrupto”.
Por su parte Guillermo Luces escribió en su cuenta Twitter: "Rechazo categóricamente el burdo montaje de mi firma en carta de exoneración de Comisión de Contraloría de la AN", mientras que lo propio hizo Héctor Vargas al escribir: "mi firma ha sido forjada en tal documento".
Chaim Bucarán reaccionó el miércoles 4 de diciembre, a través de un canal nacional, y también afirmó que su firma fue forjada e indicó que la comunicación llevada a Colombia es "absolutamente falsa".
Por su parte, Conrado Pérez no habló directamente de esa carta o de la autenticidad de las firmas, pero en una rueda de prensa que convocó el martes 3 de diciembre explicó que “yo no le ha entregado carta de buena conducta a nadie porque ni somos la iglesia ni somos la prefectura, eso es falso de toda falsedad”.
Otro de los señalados, William Barrientos también dijo ese mismo día luego que terminó la sesión de la Asamblea Nacional: "Yo no he firmado ni firmaré ninguna carta de corrupto, bajo ninguna circunstancia, primero me suicido". Agregó que “no aparece mi firma, aquí está el documento completo, lo hice en gigantografía, pero también en la carta original para entregarla a ustedes los periodistas. Como ven yo no aparezco aquí, no tengo nada que ver, no le firmo a corruptos ni firmaré”.
El único que falta por dar declaraciones es el diputado Richard Arteaga, quien elegido el silencio como respuesta. Lo único que ha comunicado ante la opinión pública ha sido un comentario que colgó en la red social Twitter en el que dijo: "Apoyo que todos los miembros de la Comisión de Contraloría #AN nos separemos hasta llegar al fondo y cualquier otra que tome mi Pdte @jguaido. Mi lucha de 9 años como Diputado está a los ojos de todos. Pido que esto no empañe el trabajo contra los grandes saqueadores del país".
