Al menos 4.911 personas fueron asesinadas en los últimos siete años en la volátil frontera entre Colombia y Venezuela donde se intensifica la guerra entre distintos grupos armados ilegales, según un informe publicado este lunes en Bogotá por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Según el estudio "Sin Dios ni Ley. Análisis de la situación de seguridad en la frontera colombo-venezolana", que analizó el periodo comprendido entre 2012 y 2019, entre los asesinados hay 378 migrantes venezolanos, crímenes ocurridos entre 2017 y 2019.
"La actual dinámica de seguridad en la frontera presenta un recrudecimiento de la violencia y el incremento de los escenarios de riesgo tanto para la población migrante como para la población colombiana que reside o transita en esta zona del país", señala el documento.
El informe señala además que "71 niños, niñas y adolescentes han sido vinculados a algún grupo armado ilegal, 71.561 personas han sido expulsadas forzosamente y 203 han sido secuestradas".
Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera terrestre de 2.219 kilómetros que abarca desde la zona desértica del norte de ambos países hasta las selvas del Orinoco y el Amazonas, en el sur.
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Desde hace décadas transitan por esa frontera contrabandistas de gasolina y mercancías, así como traficantes de drogas y armas, sin que las autoridades hayan podido controlar los pasos ilegales, situación que se agrava con la ruptura de relaciones diplomáticas ordenada hace casi un año por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
El informe revela que en esa frontera operan 28 organizaciones armadas ilegales, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tras la desmovilización de las FARC quedó como el mayor grupo guerrillero de Colombia.
"Estructuras como las del ELN y los Grupos Armados PostFarc (GAPF) pueden identificarse a lo largo de los siete departamentos (fronterizos), concentrándose especialmente en los de Norte de Santander, Arauca y Vichada", precisa el documento.
Entre la múltiple presencia criminal también hay 13 grupos de alcance regional como el Ejército Popular de Liberación (EPL), considerado por el Gobierno como una banda criminal, bandas criminales como Los Rastrojos o el Clan del Golfo, y disidentes de las FARC.
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En la frontera se mueven además "14 organizaciones criminales de carácter transnacional como los Pranes (líderes de bandas que operan desde cárceles venezolanas) y el Cartel de Sinaloa".
Un alerta similar dio el pasado 22 de enero la organización Human Rights Watch (HRW) al presentar en Bogotá un informe en el que aseguró que los habitantes de una amplia franja de la frontera entre Colombia y Venezuela se encuentran sometidos a un "feroz control" de grupos armados ilegales que operan con total "descaro" e impunidad.
En el informe "Los guerrilleros son la policía: Control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure", documenta crímenes cometidos en esa zona por el ELN, de una disidencia de las FARC y de las venezolanas Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN).
