Este miércoles 18 de diciembre, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó una segunda actualización oral de su informe presentado en julio sobre la situación de derechos humanos en Venezuela después de su visita a Caracas.
La mujer, que dejó a dos delegadas en el país para comprobar in situ las violaciones a los derechos humanos a los venezolanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro, indicó que desde septiembre -fecha de la última actualización- se generaron nuevamente las mismas preocupaciones y peticiones: levantamiento de la inmunidad parlamentaria a opositores, los presos políticos y la violencia en el país.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló por tercera vez cómo el cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana: las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) siguen cometiendo "ejecuciones extrajudiciales principalmente contra jóvenes varones en barrios marginales". De acuerdo con datos de la ONG venezolana Monitor de Víctimas, hasta noviembre del 2019, este grupo de funcionarios asesinaron, al menos a 235 personas en Caracas.
Bachelet le hizo un nuevo llamado al gobernante Nicolás Maduro a que libere a todos los ciudadanos que se encuentran detenidos por motivos políticos, incluyendo a militares. Según el último reporte de Foro Penal, publicado el pasado 16 de diciembre, en Venezuela hay 390 presos políticos (371 hombres y 19 mujeres), 272 son civiles y 118 pertenecen a las fuerzas armadas.
Otro de los puntos de honor de la actualización del informe fue la liberación del diputado Juan Requesens, quien ya cumple 500 días en prisión. "Mi oficina ha documentado 118 casos de personas privadas de libertad que requieren de una respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de órdenes de excarcelación o falta de excarcelación por cumplimientos de pena", destacó la Alta Comisionada.
Bachelet también hizo un espacio en su nuevo informe para hablar de las libertades políticas en Venezuela. Señaló que 2020 será un año electoral en el país, por lo que “es crucial garantizar las libertades públicas que son fundamentales para crear las condiciones necesarias para unas elecciones libres, imparciales, creíbles, transparentes y pacíficas”.
Manifestó su preocupación por el allanamiento de la inmunidad de al menos 30 diputados opositores, “así como los actos de hostigamiento contra representantes de la oposición, incluido el presidente de la Asamblea Nacional”, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como el presidente encargado de la nación. También indicó que los ataques no solo ha sido en contra de figuras como diputados o líderes de relevancia, sino que ha impactado en líderes políticos locales.
Además de las víctimas de detenciones arbitrarias y asesinatos, Bachelet aseguró que la oficina que representa ha documentado el derrumbe social y económico en el que se ha visto envuelto Venezuela. Según sus cifras más de 4,7 millones de venezolanos han tomado la decisión de migrar, y su proyección es que a finales de 2020 sean 6,5 millones los que se hayan visto obligados a huir del país, a un ritmo de entre 4.000 y 5.000 por día.
Bachelet también dio un reporte de los niveles de pobreza. Informó que según la ONG Cáritas “el 11,9% de los niños y niñas muestran señales de malnutrición aguda y que el 32,6% tienen retardo en el crecimiento. El 48,5% de las mujeres embarazadas atendidas tienen deficiencias nutricionales", indicó la funcionaria.
Nicolás Maduro no ha cumplido las recomendaciones
Michelle Bachelet visitó Venezuela entre el 19 y el 21 de junio para constatar la situación del país. Luego de tener entrevistas con una amplia gama de figuras políticas, desde Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno, hasta el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó; así como con miembros de la sociedad civil, empresarios, profesores y otros interesados, y también con víctimas y sus familiares hizo público su primer informe.
El 5 de julio, la Alta Comisionada aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido "numerosas violaciones de los derechos humanos".
Indicó que "miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han muerto en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años" y que tenía “motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las Faes”. Pero señaló que este cuerpo élite no era el único responsable de las "graves vulneraciones" a los derechos humanos que su equipo había registrado, sino que "la Guardia Nacional y la Policía Nacional han sido responsables del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones al menos desde 2014".
También señaló a los uniformados que forman parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de haber sido "responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as políticos/as y de sus familiares". E hizo un espacio para los colectivos que fueron armados desde el gobierno del expresidente Hugo Chávez: "Los colectivos armados contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia", detalló.
Luego de la publicación del documento el gobierno de Nicolás Maduro denunció que estaba distorsionado de la realidad y que fue elaborado con "importantes debilidades" metodológicas en las que "se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial". Respecto al llamado de Bachelet de disolver las Faes, Maduro respondió con un: “¡Qué viva las Faes!”
El 9 de septiembre, Bachelet difundió la primera actualización de su informe e indicó que desde la presentación de su informe en julio, “la situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región”.
La funcionaria condenó que su oficina no recibiera una respuesta sobre medidas para implementar la recomendación de su informe inicial sobre la disolución de las Faes, y prevenir con ello un mayor número de ejecuciones extrajudiciales. Bachelet, señalo que “las Faes han recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno”.
