Managua, 10 oct (ADN CUBA).- La persecución de opositores por parte de las fuerzas de seguridad del Gobierno de Daniel Ortega, se ha trasladado del casco urbano a las zonas rurales de Nicaragua, principalmente en el norte del país, según un estudio de la socióloga e investigadora Elvira Cuadra.
La ejecución selectiva es la modalidad que ha elegido “la dictadura” para desarrollar una sexta etapa de la represión contra los ciudadanos opositores, indica el reporte “Una espiral de muerte en Nicaragua”, según una nota de Confidencial, uno de los medios virtuales enfocados en periodismo investigativo del país.
“El fenómeno es que antes de abril de 2018 la violencia estaba en el campo, durante la insurrección cívica se trasladó a los centros urbanos y se hizo ‘visible’, y ahora está regresando nuevamente a las zonas rurales. Con la advertencia que la acción de la Policía y los grupos paramilitares se ha extendido a todo el país”, explicó Cuadra a Confidencial.
La investigación señala que durante el período analizado —entre octubre de 2018 y agosto de 2019— ocurrieron 59 asesinatos, aunque la cantidad total de víctimas es 66, ya que hay siete casos donde se reportan entre dos y cuatro víctimas, reportó el medio.
Según el informe de la socióloga, los datos muestran que un porcentaje importante de víctimas (39.3 %) tenía vinculaciones políticas y el resto (60.6 %) aparentemente no.
De las 26 víctimas que tenían algún tipo de vinculación política: diez estaban relacionadas con partidos políticos; otros diez tenían vínculos con el movimiento autoconvocado —nacido en 2018— y seis tenían relación con otro tipo de organización social o con la Policía, detalló la investigación.
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La investigadora subraya en su informe que la violencia está focalizada en el departamento de Jinotega, especialmente en los municipios de El Cuá (13 muertes), Wiwilí (11) y San José de Bocay (5), donde han ocurrido la mayor cantidad de asesinatos.
“En otros municipios del país también se presentan situaciones similares, especialmente en aquellas localidades donde las autoridades municipales no están controladas por el Gobierno y donde hay fuerte presencia de grupos paramilitares”, según el reporte.
Uno de los elementos más preocupantes de este nuevo contexto de inseguridad “es la existencia de los grupos paramilitares, a quienes el Gobierno ha cedido el privilegio estatal sobre el uso y control de la fuerza”, dijo el reporte.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque organismos locales elevan la cifra a 651 y el Gobierno solo reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
