Managua, 12 sep (ADN CUBA).- En una acción más mediática que otra cosa, el Gobierno de Nicaragua excarceló este jueves a 1.201 presos comunes, pero aún mantiene detenidos a más de un centenar de presos políticos, encerrados desde el levantamiento civil ocurrido en abril de 2018.
Los presos comunes liberados recibieron el beneficio legal de convivencia familiar, con lo que la cantidad de beneficiados desde finales del año pasado se elevó a 6.149.
De los 1.201 excarcelados este jueves, 1.066 son varones y 135 son mujeres, dijo la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, a través de medios oficiales.
Los liberados fueron entregados en actos religiosos a pastores evangélicos y a sus familiares, con el fin de que tengan "otra oportunidad de iniciar vida buena y vida para servir a Dios, a las familias, a la comunidad y al país", indicó Murillo, esposa del presidente del país, Daniel Ortega.
No obstante entre los beneficiados se encuentran personas que habían sido condenados por homicidio, violación, entre otros delitos graves, de acuerdo con sus expedientes.
Pero ese acto de aparente benevolencia del régimen de Daniel Ortega, contrasta con las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre los casos de personas asesinadas, torturadas, desaparecidas y encarceladas que dejó la represión orteguista, tras una revuelta ciudadana ocurrida en abril de 2018.
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Según un acuerdo firmado entre el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en marzo pasado, Ortega debía liberar a más tardar el 18 de junio pasado a "todos" los considerados "presos políticos" que había encarcelado desde el 18 de abril de 2018, en el marco de la crisis sociopolítica local.
De acuerdo con la Alianza Cívica, hasta ahora Ortega ha excarcelado a 620 "presos políticos", pero mantiene en prisión a al menos 120.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 595 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
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Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Daniel Ortega, a quien responsabilizan de cometer incluso crímenes "de lesa humanidad" en medio de la crisis.
El periódico digital Expediente Público, que cubre las crisis políticas sucedidas en Honduras y Nicaragua, ha dado un exhaustivo seguimiento a las violaciones de derechos humanos cometidas por Ortega.
Uno de sus reportes, publicado esta semana, revela cómo grupos paramilitares, que operaron durante la revuelta citada bajo el amparo gubernamental, se dedicaron, como cualquier banda criminal, a secuestrar a nicaragüenses para exigir el pago de rescate.
La publicación contó el caso de una madre cuyo hijo fue mantenido captivo por esos grupos y por cuya liberación debió pagar 600 dólares, una suma considerable en Nicaragua, que posee un salario mínimo de 124 dólares en promedio.
“Los secuestradores, aseguró la madre, la amenazaron a ella y a sus familiares con matarlos si publicaban en las redes o informaban a periodistas que el muchacho había aparecido en semejantes circunstancias y que fue secuestrado y torturado por casi un año”, cita el informe de Expediente Público.
