Una nueva ola de amenazas e intimidación contra opositores políticos ha desatado el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, según denunció un miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
“Hay una nueva ofensiva del Gobierno, de tirar un mensaje de amenazas, de imponer el terror, de amedrentar a los líderes de la oposición”, dijo a Efe el miembro de la dirección de la Alianza Cívica, José Pallais, vía telefónica desde su casa en León (noroeste), desde donde denunció ser víctima de asedio policial.
La denuncia se da en un contexto en que se mantiene la crisis sociopolítica que surgió en Nicaragua en abril de 2018, cuando estalló un levantamiento ciudadano contra Ortega.
Según Pallais, la ofensiva consiste en estacionar una o varias patrullas junto a las puertas de las casas de los opositores, para impedir que salgan a la calle, ya que si lo hacen, son detenidos.
El sábado 1 de marzo al menos 12 opositores fueron sitiados en sus viviendas por la policía, según datos de la Alianza Cívica, entre ellos Pallais, el exguerrillero sandinista Fernando Brenes, el profesor Juan Bautista Guevara y el académico Ricardo Baltodano.
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Pallais mencionó que el pasado día 24, en la víspera de la creación oficial de la Coalición Nacional, que aglutina a partidos políticos y movimientos sociales opositores, al menos 44 líderes de la oposición fueron sitiados en sus casas por la policía, para impedir que se sumaran a manifestaciones antigubernamentales.
Desde septiembre de 2018, la Policía Nacional mantiene una estricta prohibición de expresiones de rechazo hacia Ortega y su familia, así como el uso de la bandera de Nicaragua o juntar sus colores, azul y blanco, además de la entonación del himno del país, pese a que la medida atenta contra la Constitución, según los expertos en leyes.
En noviembre de 2019, el régimen de Ortega llegó al extremo de mantener encerrados, en una iglesia de Masaya (Pacífico), a un grupo de personas que se había reunido en el templo para demandar la liberación de los presos políticos encarcelados por el Gobierno.
El hecho causó repudio e indignación nacional e internacionalmente tras conocerse que las fuerzas orteguistas mantenían sitiada la iglesia, y mandaron cortar el agua y la electricidad en el templo.
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En su más reciente informe sobre la situación de Nicaragua, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció que “las violaciones de derechos humanos no han cesado” en el país, razón por la que “más de 98.000 nicaragüenses” han huido al exilio.
“El derecho a la protesta pacífica es sistemáticamente negado, los masivos despliegues policiales desalientan a los nicaragüenses a manifestarse”, agregó Bachelet, en su informe, presentado el jueves en Ginebra, Suiza.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (CIDH), señalan al Gobierno de Nicaragua como responsable de la violencia, que incluye delitos “de lesa humanidad”.
La sublevación civil de abril de 2018 fue aplastada con puño de hierro por Ortega, acusado por un buen sector de la población de gobernar dictatorialmente. La represión que siguió al levantamiento dejó un reguero de muertos y heridos, así como decenas de presos políticos y exilios.
La crisis de Nicaragua ha dejado entre 328 y 684 muertos desde el estallido social, así como cientos de presos o desaparecidos, y miles de heridos, según organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales. Ortega admite 200 víctimas.
(Con información de Efe)
