Nicaragua canceló el permiso para funcionar a seis ONG de Estados Unidos y Europa, entre ellas Oxfam, días después de que el régimen de Daniel Ortega recibió sanciones por la detención de una treintena de opositores.
Las organizaciones no gubernamentales afectadas son las estadounidenses National Democratic Institute For International Affairs (NDI) y International Republican Institute (IRI) y Helping Hands The Warren William Pagel, M.B. Foundation, según una resolución publicada en La Gaceta Oficial.
También la Fundación Oxfam Intermón de España; Oxfam Ibis de Dinamarca y Diakonía de Suecia.
El Ministerio de Gobernación (Mingog) aseguró en La Gaceta que esas entidades incumplieron sus obligaciones legales y obstaculizaron “el control y vigilancia” del Mingob de sus estados financieros y de los beneficiarios de sus donaciones.
Con esta decisión, todos los bienes y activos de las ONG serán liquidados conforme los estatutos de constitución de cada organismo o pasarán a ser propiedad del Estado. En 72 horas deben presentar sus libros contables, de actas y registro de miembros.
La medida ocurre en momentos en que Estados Unidos y la Unión Europea aumentan la presión sobre el régimen de Ortega, con sanciones a familiares y allegados para que libere a 33 opositores detenidos desde junio. Entre los prisioneros hay siete rivales de Ortega para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre.
El exgurrillero, de 75 años, gobierna desde 2007 y se postula para un cuarto mandato sucesivo por su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Las ONG, con varios años de estancia en el país centroamericano, prestaban asistencia a través de organismos de la sociedad civil a comunidades en defensa de derechos humanos, del medio ambiente, programas contra la pobreza, agrícolas, de salud y educación.
El 29 de julio el régimen sandinista adoptó una decisión similar, que afectó a otras 24 organizaciones internacionales con sede en el país. En aquel momento, el Mingob utilizó el argumento de que las ONG no tenían sus papeles en regla.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) denunció que la cancelación a la identidad legal a esas 24 ONG se debía a que criticaron el modo en que el gobierno gestionó la pandemia del coronavirus. La mayoría eran instituciones de salud y beneficencia a personas desposeídas.
