El Departamento del Tesoro anunció este jueves sanciones contra Rafael Antonio Ortega Murillo, hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y dos empresas bajo su control utilizadas para el "lavado del dinero".
"Rafael Ortega es el principal gestor de dinero detrás de los ilícitos mecanismos financieros de la familia. El Tesoro está sancionando a Rafael y las empresas que posee y usa para lavar dinero, con el que sostener el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.
Las empresas designadas por el Gobierno estadounidenses son Inversiones Zanzíbar, S.A. y Servicio De Protección y Vigilancia, S.A., a las que acusa de ser utilizadas por Rafael Ortega "para generar beneficios, lavar dinero y ganar acceso preferente a los mercados para el régimen de Ortega".
Asimismo, el Tesoro incluyó en su lista de compañías sancionadas al Distribuidor Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP), empresa con la que la familia Ortega "se ha enriquecido personalmente a través de contratos sin competencia con instituciones gubernamentales de Nicaragua".
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Como consecuencia de la designación del Tesoro, quedan congelados los activos que estas entidades y empresas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se les prohíbe hacer transacciones financieras con ciudadanos estadounidenses.
Previamente, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, había impuesto sanciones al Banco Corporativo (BanCorp) de Nicaragua, una entidad financiera vinculada a los sandinistas; a Rosario Murillo, esposa de Ortega y vicepresidenta del país, y a otro de sus hijos, Laureano Ortega Murillo.
Asimismo, tomó medidas similares contra tres altos cargos del Gobierno de Nicaragua por su implicación en "abusos de derechos humanos, fraude electoral y corrupción": Ramón Avellán Medal, subdirector general de la Policía de Nicaragua; Lumberto Campbell Hooker, presidente del Consejo Electoral Supremo, y Roberto López Gómez, director del Instituto de Seguridad Social (INSS).
Estados Unidos ubicó a finales de 2018 a Nicaragua, junto a Cuba y Venezuela, dentro de "la troika de la tiranía" en Latinoamérica.
Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
