El Comité Judicial de la Cámara Baja de EEUU autorizó este miércoles un proyecto de ley que pretende otorgar un amparo migratorio conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS, en sus siglas en inglés) para los venezolanos dada la "crisis humanitaria" que vive ese país.
La medida, que fue aprobada en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes por 20 votos a favor y 9 en contra, se dirige ahora al pleno de la Cámara Baja para ser votada.
De acuerdo a los legisladores, el TPS, un beneficio migratorio que permitiría trabajar y vivir legalmente en el país a miles de venezolanos, sería la demostración de que EEUU apoya una "transición democrática" en Venezuela.
"Miles de venezolanos vienen de experimentar una crisis económica y humanitaria sin precedentes, y no pueden regresar. ¡Es hora de actuar y pasar el TPS para ellos!" dijo la congresista demócrata por Florida Donna Shalala tras la votación.
La propuesta legislativa fue presentada en enero por el congresista republicano Mario Díaz-Balart y el demócrata Darren Soto, ambos representantes de distritos de Florida, un estado con amplia presencia de migrantes venezolanos.
El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que EEUU concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
Durante décadas, Estados Unidos renovó de manera automática el TPS, pero el presidente estadounidense, Donald Trump, ha decidido acabar con algunos de esos permisos, argumentado que son temporales y le corresponde al Congreso aprobar una ley para regularizar la situación de sus beneficiarios.
En concreto, en los últimos meses, Trump ha cancelado el TPS para países como Haití, Nicaragua, El Salvador y Honduras; por lo que la concesión de un TPS para Venezuela supondría una ruptura en la línea migratoria que ha seguido hasta ahora.
En febrero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) anunció la extensión hasta el 2 de enero de 2020 del TPS para los beneficiarios de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, en cumplimiento de un fallo judicial.
Al ser un proyecto de ley que tiene apoyo bipartidista, es muy probable que tenga el apoyo de la Cámara de Representantes y del Senado, con mayoría demócrata y republicana, respectivamente.
