Una Bienal con Decreto

A punto de comenzar la Décimotercera (¡tócate!) Bienal de La Habana, el mayor evento de las artes visuales de Cuba, la gran pregunta que flota sobre la programación del evento es cómo convivirá con la norma más polémica del último decenio cultural en la isla: el Decreto 349.

Bajo el lema "la Construcción de lo Posible", y el proyecto de que el arte "invada la ciudad", la Bienal se propone como un oasis o paréntesis de libertad creativa. Pero por debajo de esas apariencias, está la realidad de las amenazas y la represión contra un grupo de artistas independientes, que el mes pasado dirigieron una carta abierta a los creadores invitados al evento para pedir su solidaridad y sugerirles que usen sus espacios de exhibición para protestar contra el decreto oficialista.

Desde la llamada "guerrita de los emails" (un debate ocurrido en 2007, a raíz de la presentación en la televisión de uno de los más afamados censores de los años 70), no se había producido en Cuba un consenso tan amplio entre intelectuales y creadores contra una postura gubernamental. Artistas de muy variados credos, desde Silvio Rodríguez hasta Luis Manuel Otero, pasando por un Premio Nacional de Artes Plásticas como José Ángel Toirac, un actor popular como Luis Alberto García o una "artivista" de renombre internacional como Tania Bruguera expresaron el año pasado, de diversas maneras, su oposición a la controvertida ley.

Para lidiar con esta resistencia fue designado (por ese poder real cuyos hilos sigue manejando Raúl Castro) el viceministro Fernando Rojas, con larga experiencia en disfrazar de diálogo su vocación de censor. Del grupo opositor más recalcitrante, ese que tras varios actos de protesta pública propuso una sentada colectiva frente al MINCULT, se ocupó directamente la policía política. Amenazas, casas sitiadas, arrestos e interrogatorios: el habitual modus operandi contra los opositores que se atreven a salir a la calle. Pero la valentía tozuda de ese llamado "grupo de San Isidro" consiguió llamar la atención nacional e internacional. Aunque abortadas por la intervención policial, sus acciones han servido de ejemplo para una movilización más amplia.

Con otro numeroso grupo de creadores, que bajo el lema SIN349 hizo llegar una carta de protesta a las autoridades políticas y culturales del país, se orquestó una reunión presidida por Rojas en la que quedó demostrado que el decreto, lleno de ambigüedades y excesos, había sido redactado -y amenazaba con aprobarse- sin consultar a la comunidad artística. Fueron recibidos y escuchados, sí, pero se les dejó claro que no tenían potestad para paralizar lo que al gobierno le parecía una ley urgente para la "correcta actualización cultural" de la isla.

La nueva ley sustituye otro decreto, el 226, que data de 1997 y regula la política cultural y la "prestación de servicios artísticos". Las transformaciones de la sociedad cubana a partir de la aprobación del cuentapropismo extendieron la actividad cultural más allá de las instituciones oficiales. Muchos de esos "espacios públicos no estatales" son los escenarios más vitales del arte que se hace hoy en la isla. Han proliferado galerías y sedes de teatro en domicilios privados, restaurantes con programación cultural, exhibiciones alternativas de materiales audiovisuales, que ahora serán colocadas automáticamente bajo sospecha. En resumen, la ley exige la aprobación de las autoridades para que los artistas reconocidos como tales puedan presentar su trabajo al público, y crea la figura del inspector que podrá cerrar una exposición o terminar un concierto si determina que no están "acorde con la política cultural de la Revolución".

Hace meses, el viceministro Rojas dijo a la agencia AP que habían decidido incorporar regulaciones anexas al decreto cuestionado para "suavizarlo". La periodista tuvo que confiar en su palabra pues estos anexos no se han hecho públicos. El viceministro también aseguró que en ellos "quedarán más claras las funciones del cuerpo de inspectores del MINCULT que deben velar por su cumplimiento y sancionar a los infractores". Al parecer, le cuesta entender que los artistas no piden inspectores más cultos sino la desaparición de esas figuras con autoridad para censurar en nombre del Estado.

Hubo incluso una Mesa Redonda sobre el asunto. Por la pantalla de la televisión sólo desfilaron funcionarios y tres o cuatro artistas oficialistas en defensa del decreto. Se evitó mencionar a los opositores y sus argumentos, diluidos en "inquietudes que se han planteado" y otra serie de eufemismos. Cero mención de los revoltosos arrestados, de los numerosos reportes de la prensa internacional y del comunicado de Amnistía Internacional donde se lee que el 349 “augura un mundo artístico distópico en Cuba”. Su primer avance fue, justamente, esta Mesa sin esquinas disonantes.

El decreto es una señal inquietante: no está pensado para que los artistas cubanos paguen impuestos o eliminen la vulgaridad; no es para "elevar los valores" ni mejorar las letras del reguetón. Se concibió para preservar el monopolio ideológico del Estado cubano sobre todo tipo de actividad cultural. Apareció a partir de la #00Bienal, cuando un grupo de creadores intentó suplir un importante evento oficial, aplazado sin explicaciones convincentes. Su verdadero objetivo es impedir que grupos y proyectos opositores se conviertan en promotores culturales; para asfixiar una galería alternativa o el estudio de grabación de Gorki Águila; para hacer imposible el Festival independiente Poesía Sin Fin, en Alamar; para impedir proyecciones privadas de películas censuradas, como las que organizaron los productores de Santa y Andrés. Para cercar al llamado "arte de apartamento" y quitarle legitimidad al Instituto de Artivismo, recién fundado en La Habana por la infatigable Tania Bruguera.

El estado cubano también busca controlar cualquier invitación a intelectuales extranjeros que viajen a La Habana y no quiere arriesgarse a presentaciones de raperos y reguetoneros donde se escuche alguna crítica al gobierno. Para todos esos casos, el "decretazo" detalla hasta 19 contravenciones y sus respectivos castigos.

Incluso antes de haberse inaugurado, ya el saldo de la Bienal en cuanto a libertades deja bastante que desear. A la artista Coco Fusco le ha sido negada (por segunda vez) la entrada a la isla. Luis Manuel Otero fue sometido a un arresto arbitrario para advertirle que no intentara participar en el evento, y detenido otra vez luego de su performance de ayer. La "artivista" Tania Bruguera denunció que la Seguridad del Estado está acosando a su tío, que padece del corazón. "Este año --ha dicgo-- lo mejor de la Bienal es la seguridad que tienen alrededor de ella para poder blanquear el 349".