La Administración de Donald Trump tiene previsto reactivar la próxima semana la política de penalizaciones a empresas europeas con intereses en Cuba, la conocida como Ley Helms-Burton, que lleva más de 20 años congelada. Esta herramienta, que permite reclamar daños en los tribunales estadounidenses a cualquier firma que se haya asociado con otra cubana para hacer negocio en la isla, amenaza con desencadenar miles de litigios judiciales. El Gobierno español ha expresado a Washington su malestar por esta decisión, asegura hoy el diario El País.
La medida afectará de manera particular a las firmas españolas instaladas en Cuba. España es el país con más empresas mixtas (surgidas de colaboración con sociedades cubanas) y más sucursales implantadas en la isla, con una destacada presencia en el turismo y los servicios. Un 71% de las habitaciones controladas por cadenas extranjeras están en manos de inversores españoles. Pese a todo, en cifras globales, las cantidades invertidas no son voluminosas (Cuba ocupa el número 53 en la lista de destinatarios de inversión española en el exterior, con unos 300 millones de euros anuales).
Se espera que esta medida, que podría ser anunciada en Miami el próximo miércoles por el asesor de Seguridad nacional del presidente de EEUU, John Bolton, desencadene un alud de reclamaciones judiciales a ambos lados del Atlántico. En su momento, el Gobierno estadounidense estimó que reactivar el título 3 de la ley Helms Burton abriría la puerta a unos 200.000 casos, según informa Reuters. Las demandas presentadas —en la actualidad inactivas porque la norma no está en vigor— rondan las 6.000, si bien es difícil estimar la viabilidad de estos recursos. Lo que resulta muy probable es una cascada de demandas y contrademandas. Porque Bruselas tiene una herramienta que respalda a cualquier empresa europea víctima de este procedimiento para acudir a los tribunales del continente y reclamar a su vez compensaciones a la firma estadounidense que la haya demandado.
El próximo jueves vence el plazo para que el presidente comunique al Congreso de su país si sigue congelada —como ha ocurrido desde 1998— la medida aprobada en el mandato de Bill Clinton o la reactiva (el escenario más probable).
El pasado 15 de noviembre, el Departamento de Estado publicó su nueva 'Lista de Entidades y Subentidades Restringidas Asociadas con Cuba', una suerte de lista negra en la que se cuentan las compañías y negocios prohibidos para aquellos que pretenden establecer vínculos con la isla. La relación -que añade 26 nombres a la lista del año anterior, hasta superar los doscientos- la encabezan los ministerios de las Fuerzas Revolucionarias y el Interior, y el Grupo de Administración Empresarial (Gaesa), un holding corporativo dirigido por antiguos oficiales de los institutos armados. Directa o indirectamente Gaesa controla buena parte de la red comercial y hotelera Gaesa del país, lo que ha servido de argumento a la Casa Blanca para asegurar que "toda la economía local se encuentra en manos del aparato represivo de la dictadura".
En enero de este año la administración Trump decidió suspender la aplicación del Título III por solo 45 días, en lugar de los tradicionales plazos consecutivos de seis meses. A comienzos de marzo, el secretario de Estado, Mike Pompeo, elevó la apuesta al anunciar una nueva moratoria de solo 30 días, permitiendo además que, desde la fecha señalada, puedan empezar a presentarse demandas en los tribunales de cualquier estado de la Unión contra las entidades cubanas incluidas en la lista negra.
En esas circunstancias se encuentran muchos de los hoteles operados por compañías españolas bajo contratos de gestión. Un ejemplo paradigmático es el Iberostar Grand Packard, el lujoso 'cinco estrellas plus' inaugurado en La Habana a mediados de octubre, con la presencia del presidente de la empresa española y del nuevo presidente cubano Miguel Díaz-Canel. Pensado como una apuesta de cara al turismo de alto 'standing', el Grand Packard no tardó en ser incorporado al registro estadounidense, junto a otras 11 instalaciones administradas por la corporación balear y su compatriota Meliá, las dos empresas turísticas españolas con mayor presencia en el mercado local.