San Salvador, 9 sep (Edgardo Ayala).- El Salvador está nuevamente en la mira de organizaciones de derechos humanos nacionales o internacionales, así como de colectivos feministas locales, por su agresiva política de persecución legal contra las mujeres que han sufrido abortos o pasado por emergencias obstétricas.
Para el caso, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) criticó este lunes la decisión de los fiscales salvadoreños de apelar un fallo judicial que previamente había liberado a Evelyn Hernández, una salvadoreña de 21 años que purgaba una pena de 30 años por homicidio agravado.
Ese delito es el que los fiscales salvadoreños imputan a las mujeres que, a su juicio, se han practicado un aborto, aunque organizaciones feministas locales sostienen que se trata de abortos espontáneos extrahospitalarios u otras complicaciones obstétricas.
"Condenamos enérgicamente el accionar de la Fiscalía y denunciamos que la presentación de esta apelación da cuenta de la política de criminalización implementada por el Estado de El Salvador", señaló el Cejil, con sede en Costa Rica.
El Cejil añadió que el sistema judicial salvadoreño "se ensaña en perseguir penalmente a las mujeres que enfrentan emergencias obstétricas", principalmente a las que afrontan una "situación de pobreza" y "mayores condiciones de vulnerabilidad".
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Claudia Paz, directora de Cejil para Centroamérica y México, criticó al Ministerio Público salvadoreño por "dedicar sus esfuerzos y recursos para arrebatarle a Evelyn su libertad".
El Salvador es uno de los pocos países en el mundo con leyes draconianas que castigan la interrupción del embarazo, pues la prohíbe sin excepción, aun cuando la salud de la mujer está en riesgo o el embarazo es producto de una violación.
La joven Hernández fue enjuiciada por el delito de homicidio agravado cometido en 2016, y permaneció en prisión por casi tres años, purgando una pena de 30 años.
Pero el 19 de agosto fue dejada en libertad por un tribunal de la ciudad de Cojutepeque, a 40 kilómetros al este de San Salvador, en el central departamento de Cuscatlán.
Hernández, cuyo embarazo fue fruto de una violación, fue condenada en 2017 por lo que ella siempre defendió que había sido una pérdida espontánea del feto.
La liberación de Hernández causó gran alegría para los colectivos feministas internacionales y locales, pues con ella son 42 mujeres las que han sido liberadas de penas de entre 30 y 35 años, por ese tipo de casos, gracias al apoyo legal recibido de colectivos feministas.
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Pero los fiscales apelaron el fallo el 6 de septiembre, con lo cual el caso regresa a una cámara de segunda instancia que deberá validar o no el fallo del juez que liberó a la muchacha.
Por su parte, Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, dijo a ADNCUBA que la insistencia de la Fiscalía salvadoreña refleja una persecución y ensañamiento judicial contra Evelyn y contra otras mujeres que han enfrentado abortos espontáneos.
“Ella merece otro trato de parte del Estado salvadoreño, ella no merece que se le persiga de esa manera”, subrayó Herrera.
Además de El Salvador, Honduras y Nicaragua son países que también tienen una estricta legislación que prohíbe los abortos en todos sus casos.
Sin embargo, esas naciones no llegan al extremo de encarcelarlas, sino que les imponen penas menores y las mujeres reciben medidas sustitutivas a la prisión, dijeron activistas consultadas por ADNCUBA.
(Con información de Efe)