Piden 30 años de prisión para joven salvadoreña acusada de abortar

La joven salvadoreña Evelyn Hernández, procesada en un nuevo juicio por el delito de homicidio cometido al supuestamente abortar, pidió este jueves a la Fiscalía General de la República (FGR) que "reconsidere" su postura porque "es inocente".
       
El Ministerio Público acusa a la joven de 21 años, cuyo embarazo fue producto de una violación, de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión, es decir la FGR sostiene que la procesada "era la encargada de proteger la vida de su bebe y no evitó su muerte", por lo que pide 30 años de prisión.
       
Hernández llegó nuevamente al Centro Integral de Justicia de Ciudad Delgado (este) para enfrentar la vista pública que comenzó el pasado 15 de julio, pero por la ausencia de uno de los testigos, que no se presentó por "problemas de salud", el juez José Virgilio Jurado Martínez, del Tribunal de Sentencia de Cojuteque, decretó un receso.
       
La salvadoreña, quien tenía nueve meses de gestación cuando sufrió un parto "extrahospitalario", reiteró a la prensa que es inocente y pidió a la Fiscalía que reconsidere su postura para que "pueda salir libre y continuar estudiando".
       
"Yo solamente quiero decir que soy inocente. Le pido a la Fiscalía que piense las cosas porque yo soy realmente inocente y espero que el juez haga justicia y primero Dios toda va a salir bien", dijo Hernández en un breve declaración.
       
La reanudación del juicio estaba programada para las 08.30 hora local (14.30), pero comenzó con más de una hora de retraso y se prevé que finalice este jueves, según lo indicó a Efe Elizabeth Deras, una de las abogadas de la joven.
       
La letrada indicó el miércoles a Efe que la defensa espera obtener la absolución de la salvadoreña para que pueda continuar con su vida.
       
La abogada señaló que en la primera parte del juicio "los testigos de cargo, a pesar que fueron ofrecidos por la Fiscalía, abonaron a la tesis de la defensa, lo que demuestra que la Fiscalía no tiene respaldos para sustentar su acusación".
       
Indicó que uno de los testigos, el médico que realizó la autopsia al feto, declaró que la causa de muerte del feto fue por aspiración de meconio (primer excremento de los recién nacidos), lo que indica que la joven "no realizó una acción que provocara la muerte del producto".
       
Además, Deras apuntó que Hernández perdió el conocimiento y se desmayó, por un sangramiento excesivo que sufrió tras el parto "extrahospitalario" que tuvo, lo que "impidió que ella socorriera al feto".
       
El nuevo juicio contra Hernández se realiza luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anulara en diciembre de 2018 un fallo del Tribunal de Sentencia de Cojuteque ratificado por la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador.
       
En este fallo, emitido en julio de 2017, Hernández, una mujer de escasos recursos que reside en una zona rural del país centroamericano, fue condenada a 30 años de cárcel por el delito de homicidio agravado.
       
Hernández sufrió un parto extrahospitalario el 6 de abril de 2016 cuando se encontraban en su vivienda y luego fue trasladada por un familiar al Hospital Nacional del municipio de Cojutepeque (este), donde fue denunciada ante las autoridades por el médico que la atendió, según lo han señalado sus abogados.
       
El caso de Evelyn ha traspasado la fronteras salvadoreñas y diversas organizaciones internacionales de derechos humanos y en favor de la despenalización del aborto han solicitado a la Fiscalía del país centroamericano que desista de la acusación contra la joven.
       
También se ha pronunciado la eurodiputada de Unidas Podemos María Eugenia Rodríguez Palop quien expresó su preocupación por la situación de Hernández, según una publicación de eldiario.es.
       
En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias y tipificado como homicidio agravado, cuya pena de cárcel es de 30 años.