El régimen del sandinista Daniel Ortega ha reprimido de nuevo una manifestación convocada en Managua ayer sábado, un día después de comprometerse con la opositora Alianza Cívica a respetar las garantías establecidas en la Constitución. Entre ellas, las libertades civiles, cesar la represión, permitir las manifestaciones pacíficas, desarmar a sus grupos parapoliciales, liberar a todos los presos políticos y reformas electorales de cara a un posible adelanto de elecciones, un tema espinoso que Ortega se niega a discutir.
Este sábado, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, que aglutina a más de 40 organizaciones, convocó varias protestas en el país, como una forma de medir el nivel de compromiso del régimen de poner fin a la violencia. Pero lo vivido en la protesta pone en entredicho la palabra de Ortega, con las imágenes de la Policía Nacional atacando a quienes acudían a la manifestación. Incluso, irrumpieron en un centro comercial donde los opositores buscaron refugio.
En la represión también participaron colectivos leales al mandatario. Uno de estos simpatizantes de Ortega disparó contra un grupo de manifestantes, dejando al menos tres heridos. Se reportan también algunos detenidos. La opositora Alianza Cívica condenó la violenta respuesta del régimen a través de su cuenta de Twitter. "Condenamos enérgicamente la flagrante violación a los derechos de las personas que se habían reunido pacíficamente y exigimos la inmediata liberación de quienes fueron detenidos ilegalmente. La voluntad se demuestra con hechos". En le mismo tono se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que hizo un llamado al Gobierno "a respetar el derecho a la protesta de los nicaragüenses y a que aclare la situación de las personas detenidas". Mientras que Erika Guevara-Rosas, director de Amnistía Internacional para las Américas, dijo que "es evidente que Ortega y sus fuerzas violentas no quieren diálogo, quieren seguir violentando los derechos humanos de la población, y acallar sus voces de protesta a cómo de lugar".
El Acuerdo para Fortalecer Derechos y Garantías Ciudadanas, firmado el viernes en Managua, establece la liberación definitiva y el cierre de todos los expedientes judiciales de los detenidos en el marco de la represión desatada contra las manifestaciones que exigen el fin de 12 años de Gobierno. Hasta ahora, Ortega había liberado unos 160 detenidos -de más de 600-, considerados presos políticos. En realidad, se trató de una excarcelación, dado que no han sido levantados los cargos en su contra. La mayoría fue detenida de forma arbitraria en las manifestaciones o tras ser espiada por la Policía controlada por Ortega y condenada por crímenes de terrorismo en procesos legales considerados espurios por organizaciones de derechos humanos. Varios familiares de los detenidos han denunciado que sufren maltratos y “torturas”. Una comisión de europarlamentarios, que visitó Nicaragua a finales de enero, constató la situación de los encarcelados y exigió al régimen su liberación. Lo acordado establece que será la Cruz Roja Internacional la encargada de coordinar la libertad de los detenidos.
