El Gobierno de Nicaragua y una oposición extraparlamentaria acordaron este jueves extender las negociaciones con las que buscan superar la crisis que estalló hace casi un año y fijaron para el próximo 3 de abril el fin de esas conversaciones.
"La mesa de negociación por este medio informa que por acuerdo de las partes, el proceso de negociación continúa y culminará el miércoles 3 de abril", señalaron las partes en un escueto comunicado conjunto.
Las negociaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia comenzaron el pasado 27 de febrero con la meta de llegar al 28 de marzo con una solución definitiva a la crisis. Hasta ahora las negociaciones avanzan sin acuerdos en los temas de justicia y democratización.
Las partes consensuaron una agenda que incluye fortalecer la democracia y reformas electorales; reforzar los derechos y garantías ciudadanas y la liberación, dentro de un plazo máximo de 90 días, de todos los presos y detenidos en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del año pasado.
Además, agrega un punto referido al tema de la verdad, justicia y reparación.
Por último, se decidió que, de común acuerdo entre las partes, se pedirá en su momento a la comunidad internacional suspender las sanciones para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población.
Nicaragua está inmersa en una crisis como consecuencia de las protestas callejeras que estallaron el 18 de abril de 2018 por una impopular reforma del seguro social.
En las manifestaciones se exige la renuncia del presidente Ortega tras casi 12 años en el poder de forma consecutiva.
Esta situación ha causado 325 muertos y cientos de presos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque algunos organismos humanitarios locales elevan a 561 las víctimas mortales, además de actos violentos y ataques también a los obispos del país.
El Ejecutivo solo reconoce 199 víctimas mortales y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
El nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el exministro de Defensa de Uruguay Luis Ángel Rosadilla, en representación de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), participan como testigos y acompañantes internacionales de ese proceso.
Sobre Nicaragua penden sanciones de Estados Unidos con la Ley Magnitsky Nica, y la amenaza de la Unión Europea de otras medidas similares contra el presidente Ortega y sus allegados. Además, el Consejo Permanente de la OEA ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.
