El procurador general de Nicaragua renuncia al cargo en medio de la crisis

El procurador general de Nicaragua, Hernán Estrada, renunció al cargo, que ocupaba desde que el presidente del país, Daniel Ortega, retornó al poder en 2007, en medio de la crisis que estalló hace un año y que ha dejado cientos de muertos, informó este miércoles el Ejecutivo.


"Cumplimos con informar a nuestro pueblo que en días recientes puso a disposición su cargo ante el Presidente de la República, por razones de salud, el compañero Hernán Estrada, quien hasta la fecha de su carta fungió como Procurador de la República", indicó el gobierno de Managua en una declaración.


El mandatario aceptó la renuncia de Estrada y le agradeció "su trabajo dedicado y eficiente desde la responsabilidad que ocupó con nuestro Gobierno".


En su carta de renuncia, el hasta ahora procurador explicó que sufrió un "delicado accidente" camino a su casa, en fecha que no precisó, y que desde entonces se encuentra en recuperación.


La renuncia del alto cargo se da en medio de la aplicación de una serie de sanciones por parte de Estados Unidos a allegados de Ortega.


Hace tres semanas, Washington anunció nuevas sanciones al Banco Corporativo (BanCorp) de Nicaragua, una entidad financiera vinculada a los sandinistas, y a Laureano Ortega Murillo, hijo del mandatario y de la vicepresidenta Rosario Murillo.


Desde que estalló la crisis que vive el país, el 18 de abril de 2018, hasta ahora, Washington ha sancionado a Murillo, a uno de sus hijos, y a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional del mandatario, así como al jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, que es consuegro de Ortega y Murillo; y a otros tres funcionarios de confianza de la pareja presidencial.


Las sanciones bloquean todos los bienes e intereses de los afectados y el BanCorp en Estados Unidos o los que están relacionados con ciudadanos estadounidenses.


El 20 de diciembre pasado, el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, conocida como Nica Act, que contempla restricciones a los préstamos otorgados a Managua por instituciones financieras internacionales donde Washington tiene voto, exceptuando el financiamiento a proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas de los nicaragüenses.


La Ley, también conocida como Magnitsky Nica, impone sanciones a funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Ortega involucrados en violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción, deterioro de las instituciones democráticas, expropiación de bienes públicos o privados, y arresto o enjuiciamiento de ciudadanos de forma ilegal.


El 20 de junio próximo está previsto que el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, presente un informe ante el Congreso sobre la participación de altos funcionarios del Ejecutivo nicaragüense en violaciones de derechos humanos, actos de corrupción importantes y lavado de dinero.


El pasado viernes, el Gobierno nicaragüense exigió a Estados Unidos suspender la Nica Act, que será suspendida solo si el Ejecutivo de Ortega convoca unas elecciones "libres, justas y transparentes", de acuerdo con el texto de la legislación.


Nicaragua vive una crisis sociopolítica que según organizaciones humanitarias ha dejado entre 325 y 568 muertos, de 468 a 804 "presos políticos", cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.


Las protestas contra Ortega, quien lleva 12 años en el poder, se iniciaron el 18 de abril de 2018 por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia.