El Gobierno cubano implementará nuevas normas jurídicas para el ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, habitaciones, accesorias y locales, en busca de soluciones habitacionales en un país donde hay un déficit de casi un millón de viviendas.
Los nuevos acuerdos, 8574 y 8575 del Consejo de Ministros, publicados el viernes en la Gaceta Oficial, podrían aliviar la situación para miles de familias ocupantes de locales que no son de su propiedad, o sobre los cuales no tienen derechos reconocidos.
El primer acuerdo se centra en el ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, habitaciones, accesorias y locales; mientras el segundo apunta al cambio de uso y traspaso de locales.
"Ambos favorecen la posibilidad de que las personas naturales participen en la solución de sus necesidades habitacionales por esfuerzo propio, al tiempo que se den pasos en la recuperación del fondo habitacional del país, y en el ordenamiento legal de un tema tan sensible como el de la vivienda", apuntó el medio oficialista Juventud Rebelde.
Las nuevas reglas -que entrarán en vigor dentro de 30 días- son una especie de "flexibilización del gobierno para transferir la propiedad de ocupantes de viviendas estatales que son actualmente arrendatarios y usufructuarios, y para permitir la legalización de viviendas terminadas o en ejecución por el Estado y la población", sostuvo el periódico.
Durante una conferencia de prensa en el Ministerio de la Construcción (Micons), se conoció que estas medidas podrían beneficiar a más de 230.000 familias cubanas.
Según Santiago Herrera, director de Asuntos Legales de la Vivienda, "mucha gente obtendrá la propiedad de la vivienda que ocupan en concepto de arrendamiento permanente, o del cuarto o la habitación, accesoria o local, que constituyen viviendas adecuadas. Otras personas tendrán el derecho a lo edificado y a continuar la construcción del inmueble hasta convertirlo en habitable".
Los órganos locales del Poder Popular serán "los encargados de asignar locales, cuartos y habitaciones que puedan ser convertidos en viviendas adecuadas, y transferir en propiedad aquellas que estén en arrendamiento permanente".
Con estas medidas cientos de familias cubanas podrían entrar en el terreno de la legalidad.
En anteriores declaraciones, Vivian Rodríguez, directora general de la Vivienda, dijo que en Cuba faltan 929.695 casas, de las que hay que construir unas 527.000 y rehabilitar otras 402.000.