La firma de abogados de Miami Rivero Mestre LLP anunció este miércoles que al amparo de la Ley Helms-Burton presentó una demanda colectiva contra la plataforma de búsqueda de plazas hoteleras Trivago por hacer negocio con propiedades confiscadas en Cuba tras la revolución de 1959.
Además de la presentación de la demanda, se notificó a Expedia, a la que pertenece Trivago, y a Booking y a sus respectivas filiales y asociadas la intención de demandarlas en caso de que en 30 días no hayan puesto fin a sus operaciones comerciales con propiedades confiscadas en la isla y compensado a sus antiguos dueños o herederos.
Los iniciadores de la demanda son Andrés Rivero, Jorge A. Mestre, Carlos Rodríguez, Ana Malave de Rivero Mestre y Manuel Vázquez.
Al ser colectiva (class action), a la demanda se pueden sumar ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades hoteleras en Cuba fueron expropiadas por "la dictadura castrista" y luego fueron explotadas por servicios de reservas de hotel como Trivago, señala un comunicado de la firma legal.
En sus páginas digitales, esas compañías promueven activamente y publicitan reservas en propiedades hoteleras "traficadas ilegalmente", agregan.
Esta y otras demandas similares ya presentadas ante la justicia en Miami, una de ellas contra la compañía de cruceros Carnival, son posibles gracias a la entrada en vigor del Título III de la Ley Helms-Burton de 1996.
En virtud de dicho título, que entró en vigor el pasado 2 de mayo por decisión del presidente Donald Trump, los ciudadanos estadounidenses que vieron confiscadas sus propiedades en Cuba tras la revolución pueden demandar en tribunales de EEUU a las empresas que se beneficien de esos activos.
Todos los presidentes estadounidenses anteriores a Trump, empezando por Bill Clinton, que firmó la ley Helms-Burton, dejaron desactivado el título III para no tener problemas en organismos internacionales y otros gobiernos.
El título III establece que si se notifica a la compañía que va a ser demandada treinta días antes de presentar la demanda y ésta no responde cesando las actividades cuestionadas y compensando a los antiguos dueños, se pueden obtener compensaciones por daños mucho mayores.
Precisamente, Andrés Rivero, uno de los abogados de Rivero Mestre, notificó el pasado 20 de mayo al grupo hotelero español Meliá la intención de los herederos de Antonio Mata de demandarlo en los tribunales de Estados Unidos por operar un hotel en Cienfuegos (Cuba) que les fue expropiado hace casi 60 años.
La familia de Antonio Mata Álvarez, de origen asturiano y propietario del hotel San Carlos de Cienfuegos cuando la expropiación, demandó el 20 de mayo a funcionarios cubanos que se lucraron con el contrato por el que Meliá opera el establecimiento y además notificó a la compañía española.
El abogado Nicolás Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba en Miami, que ha presentado ya varias demandas amparadas en el Título III, dijo este miércoles que por la misma propiedad de los Sánchez Gil, un enorme terreno con 57 kilómetros de costa, se va a notificar en EEUU a otras hoteleras españolas.
Las cadenas hoteleras españolas operan en régimen de empresa mixta más de 60 establecimientos propiedad del Estado cubano.
Gutiérrez vaticinó que en las próximas semanas se verán por lo menos decenas más de estas demandas, ya que las familias afectadas actualmente están preparándose con sus abogados para presentarlas.
"Todo esto, hecho bien, constituye un proceso complejo y toma su tiempo debido (...), les garantizo que una gran cantidad de estas demandas está en camino y llegará bastante pronto, afectando todos los principales sectores económicos donde la dictadura castrista cuenta con la inversión extranjera", agregó.
La agencia de viajes en línea Expedia, de la que la ahora demandada Trivago es filial, acordó recientemente pagar una multa de 325.406 dólares al Gobierno de Estados Unidos por una "aparente" violación de las sanciones económicas contra Cuba, según el Departamento del Tesoro.
Expedia, que tiene su sede en Bellevue (estado de Washington), habría violado, a través de sus filiales internacionales, los Reglamentos de Control de Activos Cubanos, el principal mecanismo para hacer cumplir el embargo económico a Cuba.
Según John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, las autoridades estadounidenses han "certificado" 5.913 casos de ciudadanos y empresas que pueden acogerse al Título III por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones.
