Senadores de ambos partidos en Estados Unidos presentaron este jueves una resolución donde expresan “preocupaciones ante el incremento de la minería ilícita y el tráfico de oro en América Latina” y apuntan al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela como beneficiado.
El demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, fue acompañado en la resolución por Marco Rubio (republicano) y Tim Kaine (demócrata), Miembro de Más Alto Rango y presidente del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, respectivamente; así como por los senadores Ben Cardin (demócrata) y Ted Cruz (republicano).
La resolución bipartidista menciona los desafíos para la seguridad, la estabilidad y el medio ambiente en el hemisferio que trae la minería ilícita y el tráfico de oro, prácticas cuyas ganancias desplazan las generadas por el cultivo de coca y la producción de cocaína.
“En Venezuela, Maduro ha descartado cualquier moralidad básica para continuar forrando los bolsillos de su régimen con billetes provenientes del comercio ilegal de oro. Me enorgullece presentar esta resolución para combatir la minería ilícita de oro, dejando en claro que el Congreso de los Estados Unidos no ignorará el peligro que representa esta práctica a la salud, seguridad y bienestar de las poblaciones”, dijo Menéndez.
Añadió que “la impresionante proliferación de la minería y el tráfico ilícito durante la última década ha degradado el medio ambiente y socavado el comercio legal. También ha conducido a abusos atroces de derechos humanos, en gran parte contra las comunidades rurales e indígenas, e incitado a una epidemia de malaria que ha alcanzado niveles que no se habían visto en los últimos 75 años”.
Por su parte, el senador de Texas Ted Cruz, afirmó que “el régimen de Maduro trafica oro y metales preciosos para financiar sus actividades malignas, incluso exportándolo al extranjero”.
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“Sólo en 2018, Turquía compró casi mil millones de dólares de oro venezolano, más que el comercio total entre los dos países en los cinco años anteriores combinados. Debemos hacer un esfuerzo concertado para interrumpir ese flujo de metales preciosos ilícitos”, dijo Cruz.
La resolución también expresa el “firme apoyo” del senado a los derechos de las poblaciones rurales e indígenas afectadas por el aumento de minería ilícita, instando al gobierno de EEUU a una mejor coordinación con sus homólogos y la industria para mitigar riesgos “por el flujo de oro ilícito proveniente de zonas claves como Venezuela, donde aproximadamente el 90 por ciento del oro excavado es extraído ilegalmente”.
El senador Rubio expresó que durante la VIII Cumbre de las Américas (2018), “miembros de nuestro cuerpo diplomático en Lima [Perú] me dieron un informe detallado sobre la grave amenaza regional que representa la minería ilegal de oro para nuestros intereses de seguridad nacional (…) he mantenido mi compromiso de abordar este grave problema, el cual enriquece a actores malignos en nuestro hemisferio”.
Tim Kaine también señaló a Caracas: “debemos trabajar con nuestros aliados en la región para contrarrestar la minería ilícita y responsabilizar a quienes la toleran y promueven, incluyendo al régimen de Maduro en Venezuela”.
