La Policía de Nicaragua disolvió este lunes un homenaje a las víctimas de la "masacre del 8 de julio" de 2018, un año después del ataque de las fuerzas combinadas del Gobierno que dejó decenas de muertos en la ciudad de Jinotepe, en el marco de la crisis sociopolítica local.
Agentes de la Policía Nacional y grupos paramilitares rodearon la parroquia San Antonio en Jinotepe, unos 45 kilómetros al sur de Managua, y amenazaron a los ocupantes hasta asegurarse de disolver la actividad.
Más de un centenar de personas, entre familiares de los fallecidos y sobrevivientes de la llamada "operación limpieza" de hace un año, se habían reunido en el templo católico para dedicar una misa y rendir honores a las víctimas, hasta la interrupción policial.
Desde septiembre pasado la Policía de Nicaragua prohíbe reuniones de personas que se oponen al Gobierno del presidente Daniel Ortega, pese a las críticas de los juristas, que afirman que la medida viola la Constitución.
Luego de la misa los opositores soltaron globos con los colores patrios azul y blanco, alzaron la bandera nacional y entonaron el himno de Nicaragua, lo que es considerado motivo de cárcel por el Gobierno de Ortega.
Los opositores también exigieron justicia, y gritaron los nombres de 16 de las 38 personas que se cree murieron en la llamada "masacre", además de consignas como "¡Viva Nicaragua libre!", "¡Vivan los estudiantes!", o "¡De que se van, se van!".
El "ex preso político" Rafael Acevedo relató que aquel mismo día fue capturado y obligado a pasar por "el camino del diablo", en el cual policías y paramilitares supuestamente hacían pasillos para golpear a cada detenido, con las armas de guerra que portaban, garrotes, palos de leña, u otros objetos.
"Ahora tengo problemas en la vista, pasé tres meses defecando sangre, me quitaron tanto que me quitaron el miedo, es duro este día, me da escalofríos (recordad)", sostuvo Acevedo.
En medio de la incertidumbre, causada por las amenazas de los policías y el acoso de los paramilitares, las madres de las víctimas insistieron en que no estaban cometiendo delitos ni actos irrespetuosos.
Diversos movimientos de oposición han denunciado que el asedio policial contra personas que no simpatizan con Ortega ha aumentado en las últimas semanas.
Los desencuentros entre el Gobierno de Ortega y una aparente mayoría de nicaragüenses estallaron en abril de 2018, debido al saldo mortal en cada protesta antigubernamental o en ataques armados contra diversas ciudades, a las que poco les valió bloquear las calles para evitarlos, como el caso de Jinotepe hace un año.
La Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), que responsabiliza al Gobierno por crímenes "de lesa humanidad", ha contado 326 muertos en los 15 meses de crisis en Nicaragua. Organizaciones locales suman 594. El Gobierno reconoce 200.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha puesto en marcha un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua por alteración del orden constitucional, que de ejecutarse la suspendería del organismo.
