Los gobiernos de EEUU y Canadá sancionaron este viernes a diversos funcionarios del "círculo interno" del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a quienes acusan de perseguir a los ciudadanos de su país, promulgar leyes represivas, silenciar medios de comunicación y negarles atención médica.
La medida norteamericana, que consiste en el bloqueo de los bienes que estos funcionarios posean en EEUU, afecta al presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Eduardo Porras Cortés, y al director general del Instituto de Telecomunicaciones y Servicios Postales (TELCOR), Orlando Castillo, así como a los ministros de Salud, Sonia Castro González, y de Transporte, Oscar Salvador Mojica Obregón.
"Estados Unidos está enviando un mensaje inequívoco al presidente Ortega y su círculo íntimo: apoyamos al pueblo nicaragüense en sus llamamientos a la reforma y al retorno a la democracia", señaló la subsecretaria del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker, en un comunicado.
La funcionaria aseguró que el Ejecutivo estadounidense no dudará "en tomar medidas contra aquellos que perpetúan la opresión" y apoyan "el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense".
La nota del Departamento del Tesoro describe a Porras Cortes como el operador político más importante de Ortega e indica que la Asamblea Nacional promulgó a principios de este mes una ley de amnistía que perdona a los policías involucrados en la represión de las protestas que estallaron el 18 de abril de 2018.
En cuanto a Castillo, el Tesoro estadounidense detalla que, junto al presidente Ortega, "ha utilizado TELCOR para silenciar a los medios independientes".
Sobre la ministra de Salud, el Departamento del Tesoro la señala por dirigir una entidad que "ha cometido violaciones significativas de los derechos humanos" y advierte de que esa institución rechazó tratar a las víctimas de la represión y dio la orden al personal sanitario de denunciar a los manifestantes.
Mientras, a Mojica Obregón, un general retirado del Ejército y actual Ministro de Transporte e Infraestructura, se le acusa de promover la estrategia de "exilio, cárcel o muerte" del Ejecutivo de Ortega para silenciar a la oposición, a la vez que administra parte de las finanzas personales de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Por su parte el gobierno canadiense anunció también este viernes la imposición de sanciones "en coordinación con Estados Unidos" a nueve dirigentes del Gobierno nicaragüense, entre ellos la esposa y el hijo del presidente Daniel Ortega, por las "flagrantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos".
Junto a Rosario María Murillo Zambrana, esposa y vicepresidenta de Nicaragua, y a Laureano Facundo Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial y dirigente de ProNicaragua, fueron afectados por las sanciones canadienses Gustavo Eduardo Porras Cortés, Sonia Castro González y Orlando José Castillo Castillo.
También fueron sancionados Óscar Salvador Mojica Obregón, Fidel Antonio Moreno Briones, Francisco Javier Díaz Madriz y Nestor Moncada Lau.
A su vez, Mojica Obregón es ministro de Transporte e Infraestructuras y Moreno Briones es un alto dirigente de las Juventudes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Díaz Madriz es director general de la Policía Nacional y Moncada Lau es el secretario privado de Ortega.
Las sanciones impuestas por Canadá a estos nueve nicaragüenses congelan sus activos en el país y prohíben a individuos y empresas canadienses tener relaciones comerciales con ellos. Además, ninguno de los funcionarios podrá viajar a Canadá, dijo el Gobierno.
Los nueve han sido objetos de sanciones similares por parte de las autoridades estadounidenses en los últimos meses. "Estas sanciones envían un claro mensaje al Gobierno de Nicaragua que las violaciones a los derechos humanos contra su población no serán tolerados", explicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá en un comunicado.
La ministra de Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, añadió que "las violaciones de derechos humanos en Nicaragua no pueden continuar con impunidad".
"El Gobierno de Nicaragua debe responder por sus acciones y debe terminar la actual crisis con un diálogo real con los grupos de la oposición. Canadá seguirá respaldando al pueblo de Nicaragua y sus legítimas demandas de democracia y demanda de responsabilidades", añadió Freeland.
El Gobierno de Ortega enfrenta desde hace 14 meses una crisis sociopolítica que se ha cobrado la vida de unas 200 personas, según cifras difundidas el pasado 17 de junio por la estatal Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de ese país.
