Discrepancias entre EEUU y Nicaragua por propuesta a Irán sobre el Gran Canal

El gobierno de Daniel Ortega busca un nuevo inversor para su faraónico proyecto.
Discrepancias entre EEUU y Nicaragua por propuesta a Irán sobre el Gran Canal
 

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El gobierno de Daniel Ortega, sacudido por una profunda crisis política y social, ha añadido un nuevo tema a sus actuales discrepancias con Estados Unidos, su principal socio comercial: el ofrecimiento a Irán para que se involucre en el proyecto del Gran Canal de Nicaragua.

El proyecto de un nuevo canal centroamericano, que se creía olvidado, ha revivido tras un anuncio de Ortega hecho el pasado 12 de agosto en un acto con jefes militares. Según los opositores, se trata de una cortina de humo para desviar la atención del conflicto interno y hasta un desesperado intento por buscar financiamiento para mantenerse en el poder.

Mientras tanto, Estados Unidos, que mantiene sanciones contra el gobierno de Irán y funcionarios del gobierno de Ortega, ha vinculado el Proyecto del Gran Canal con el lavado de dinero. Fuentes extraoficiales señalan que Ortega busca lavar más de dos mil 500 millones de dólares obtenidos de manera fraudulenta, mientras se mantiene en el poder gracias a policías y civiles armados que actúan con total impunidad.  

En junio de 2013, el gobierno nicaragüense aprobó de manera expedita y sin consenso social la Ley Especial 840 para la construcción de un canal interoceánico que otorgaba ilimitados derechos para edificación a la empresa china HKND, un proyecto que nunca se concretó. Seis años después, el presidente de Nicaragua ha ofrecido el megaproyecto a Irán, país que busca evadir las sanciones norteamericanas por su programa nuclear. La obra sería tres veces más grande que la del Canal de Panamá y con un costo de 50.000 millones de dólares e incluye dos puertos, un aeropuerto, dos lagos artificiales, dos esclusas, un área de libre comercio y complejos turísticos, entre otros.

“Creo que el gobierno de Nicaragua está desesperado, buscando a quien venderse por unos minutos más en el poder. Puede haber algo más, pero por el momento da la impresión que es una búsqueda de un nuevo salvavidas financiero. A ver a quienes pican. Nada pierden con probar”, comenta el analista político y sociólogo José Luis Rocha, en relación al fracaso de su acuerdo con los chinos para la construcción de un proyecto que permitía a Nicaragua la ilusión de salir de la pobreza.

Pero la ley 840, que otorgaba la concesión a la empresa china HKND Group, y que no se concretó, también ha sido el foco del Movimiento Campesino Anticanal, reprimido y perseguido por el régimen de Ortega. La concesión para la construcción de una vía húmeda para unir el Pacífico con el Mar Caribe, con una longitud de 278 kilómetros por 230 metros, y 520 metros de ancho y 30 de profundidad, que incluye el megaproyecto, afecta a miles de campesinos que habitan territorios involucrados en el proyecto. 

Desde el 2016, y tras los estudios de factibilidad medioambientales que impulso la empresa china en las zonas por donde pasaría el eventual canal, el empresario chino Wang Jing cayó en quiebra, terminando así con las esperanzas del régimen sandinista de construir el ansiado megaproyecto. Según la revista Forbes la fortuna de Wang Jing, se ha reducido de US$10.200 millones a $905 millones de dólares, lo que ha enterrado las expectativas sandinistas para la construcción del Gran Canal.

Sorpresivamente, en julio pasado, el gobierno de Nicaragua recibió la visita del canciller Iraní, Mohammad Javad Zarif, con quien establecieron supuestos acuerdos comerciales. Un mes después, Ortega anunció a la nación nuevos estudios ambientales para ofrecer la construcción a los persas.


Ortega: No hemos renunciado al canal

“Nosotros no hemos renunciado, al contrario, tenemos con el pueblo nicaragüenses, históricamente tenemos el compromiso que se haga una realidad el canal por Nicaragua. Ustedes saben que se ha trabajado, que está en una fase de trabajar los estudios medio ambientales, que ya se habían presentado pero que había que hacer ajustes”, dijo el mandatario.

“No es ninguna locura pensar en un Canal por Nicaragua, primero, que ya las potencias desde Inglaterra a España enfrentados queriendo dominar la ruta para hacerse dueños del canal. Y luego los Estados Unidos ya como estado con sus tropas interviniendo Nicaragua, ocupando Nicaragua, imponiéndole un tratado a Nicaragua para que no pudiese hacer ninguna concesión a país alguno”, señalo Ortega.

No todos están de acuerdo con el megaproyecto. El dirigente campesino Medardo Mairena está pidiendo al gobierno de Ortega que derogue la Ley 840, o Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente al Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas, porque no hay ni una sola obra de construcción, además de violar sus derechos.

“La empresa china ya no tiene derechos de operación en Nicaragua. El contrato entre el chino y Ortega ya terminó, ya caducó el 13 de julio de este mismo año, ya están en una etapa desfasada”, dijo Mairena en  respuesta a las declaraciones de Ortega. El proyecto, que sacaría a los campesinos de sus tierras, ha sido recurrido ante la corte suprema de justicia por ser considerado inconstitucional.

“Con estas amenazas lo que Ortega pretende es que el país se levante para el usar la violencia y justificarla. Sin embargo, le insistimos al régimen: los campesinos no vamos a permitir que nos despojen de nuestras tierras. Eso nunca. Incluso, la defenderemos con nuestra propia sangre”, declaró Mairena.

Para algunos analistas, el anuncio de Ortega sobre el Gran Canal le habría traído más problemas que beneficios. “Al ofrecer a Irán su construcción, busca aumentar la confrontación y un mayor rechazo de Estados Unidos, quien ya ha amenazado con aumentar las sanciones que podrían llegar incluso a un bloqueo económico, que traería fatales consecuencias al país”, dijo Eliseo Núñez.

En medio del estallido sociopolítico contra Ortega en abril de 2018, Las protestas "anticanal" llevaron a prisión a algunos líderes campesinos, mientras que otros huyeron al exilio por amenazas de muerte. El gobierno acusó a varios líderes campesinos del delito de terrorismo y de matar a cuatro policías, y fueron condenados a más de 200 años de cárcel, en un país donde la pena máxima es de 30 años.

Habrá que ver si finalmente los iraníes se involucran en el faraónico proyecto de Ortega, y si se concreta un nuevo plan.

 

 

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