Líderes y organizaciones instan a Biden a revertir las políticas hacia Cuba

En una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, una coalición de más de 50 funcionarios electos y organizaciones sindicales ha solicitado un cambio en las políticas actuales hacia Cuba, señalando que las medidas implementadas durante el mandato de Donald Trump están agravando la crisis económica y social en la isla.

El principal foco de la petición es la inclusión de Cuba en la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo (SST, por su sigla en inglés), decisión que, según los firmantes, limita gravemente el acceso de la nación caribeña a recursos financieros internacionales y profundiza las dificultades cotidianas de su población.

Desde enero de 2021, pocos días antes de dejar el cargo, la administración Trump reincorporó a Cuba a la SST, argumentando que el país brindaba apoyo a actos de terrorismo internacional al albergar a fugitivos estadounidenses y líderes rebeldes colombianos. Esta designación conlleva estrictas sanciones financieras, lo que afecta la capacidad del gobierno cubano para acceder a mercados y créditos internacionales.

Los firmantes de la carta calificaron estas políticas como una “injusticia moral” y una “violación del derecho internacional”. Según el texto, las medidas no han logrado los objetivos declarados de promover la democracia o mejorar la situación de los derechos humanos en la isla. En cambio, han contribuido al empeoramiento de las condiciones económicas, dejando a los cubanos comunes enfrentando “escasez de alimentos evitable, suministros médicos insuficientes y un panorama de desesperanza económica”.

🚨 Over 50 elected officials, labor leaders, and solidarity organizations nationwide are calling on @POTUS to remove Cuba from the State Sponsors of Terrorism list, ease Trump-era sanctions, and send humanitarian aid. It’s time to act. https://t.co/MmNoYNy0BU pic.twitter.com/OLXzvloRMl

— DSA International Committee (@dsa_intl_comm) December 5, 2024

Además de abogar por la eliminación de Cuba de la SST, los autores de la misiva instan al gobierno estadounidense a enviar ayuda humanitaria inmediata a la isla, especialmente en respuesta a los desastres naturales recientes que han agravado la crisis, enfatizando en que hay una necesidad urgente de alimentos, medicamentos y suministros médicos esenciales para aliviar el sufrimiento de la población.

El embargo económico, una política activa desde hace más de seis décadas, también fue señalado como un obstáculo principal para el bienestar de los cubanos. Los firmantes lo describieron como una estrategia fallida, instando a Biden a revertirlo y a buscar enfoques que no castiguen a la población por las acciones del gobierno.

Como contraparte de estos reclamos, en declaraciones recientes el Embajador Paul Folmsbee, asesor principal para Asuntos del Hemisferio Occidental, aseguró que las restricciones son parte de un esfuerzo  más amplio para fomentar la democracia en la isla.

Asimismo, Folmsbee destacó que, a pesar de las sanciones, en 2023 Estados Unidos exportó cerca de 336 millones de dólares en productos agrícolas y autorizó otros 100.000 millones en exportaciones humanitarias, acciones que evidencian, según él, el compromiso de ayudar al pueblo cubano.

No obstante, la designación de SST tiene un impacto más profundo y restrictivo que estas transacciones humanitarias no pueden compensar completamente. Una vez incluida en la lista, un país solo puede ser eliminado si el presidente de Estados Unidos certifica que ha cumplido con rigurosos criterios legales, incluida la garantía de que no apoyará actos de terrorismo en el futuro.

En mayo de este año, el Departamento de Estado retiró a Cuba de la lista de Países que No Cooperan Plenamente con los Esfuerzos Antiterroristas (NFCC, por su sigla en inglés), pero esta acción es independiente de la designación SST, que permanece vigente.

El portavoz de la cancillería estadounidense, Vedant Patel, reiteró que cualquier cambio respecto a la lista SST dependerá del cumplimiento de los criterios establecidos por el Congreso. "Si algún criterio legal cambiara, trabajaríamos en ello", afirmó.