El America First Policy Institute (AFPI) publicó un nuevo informe de investigación en el que plantea que Estados Unidos debe dejar de considerar a Cuba como un asunto diplomático periférico y comenzar a tratar al régimen de La Habana como un desafío estratégico para su seguridad nacional.

El documento, titulado La dictadura de al lado: Cuba y la lucha por el hemisferio occidental, fue elaborado bajo la Iniciativa del Hemisferio Occidental de AFPI, organización que promueve una mayor presencia económica, política y militar de Estados Unidos en la región y considera la seguridad hemisférica una prioridad de seguridad nacional.

El informe sostiene que, mientras se profundiza la crisis económica y política de Cuba, la isla continúa funcionando como una plataforma para adversarios de Washington y como una fuente de inestabilidad regional, particularmente por sus vínculos con China, Rusia, Irán, Venezuela y otros gobiernos considerados hostiles a Estados Unidos.

“Cuba no es simplemente un régimen autoritario a 90 millas de nuestras costas; es un desafío estratégico para Estados Unidos y una plataforma creciente para nuestros adversarios en el hemisferio occidental”, afirmó Melissa Ford Maldonado, directora de la Iniciativa del Hemisferio Occidental de AFPI.

A juicio de la organización, cualquier futura relación entre Washington y La Habana debería partir de dos principios: el derecho de los cubanos a la libertad y la necesidad de impedir que potencias adversarias utilicen la isla como plataforma contra Estados Unidos y sus aliados.

Cuba como plataforma de adversarios de EEUU

El documento señala que La Habana ha mantenido durante décadas una política de acercamiento a gobiernos y movimientos contrarios a Washington y sostiene que esa estrategia adquiere una nueva dimensión con el creciente vínculo de Cuba con China, Rusia e Irán.

Por ello, AFPI recomienda que la Administración de Donald Trump convierta a Cuba en un “frente central” de su estrategia para recuperar la primacía estadounidense en el hemisferio occidental.

Entre sus propuestas figura establecer una presencia militar estadounidense permanente en el Caribe mediante fuerzas navales, aéreas, de inteligencia, cibernéticas, de la Guardia Costera y de operaciones especiales asignadas al Comando Sur de Estados Unidos.

El informe aclara que esto no implicaría necesariamente construir grandes bases militares en Cuba u otros países caribeños, sino ampliar acuerdos de acceso, derechos de sobrevuelo y ubicaciones de seguridad cooperativa con gobiernos aliados.

La intención sería aumentar la capacidad estadounidense para vigilar las actividades originadas en Cuba o que transiten por la isla, rastrear operaciones chinas y rusas, combatir el narcotráfico, proteger las rutas marítimas y aéreas hacia Estados Unidos y responder rápidamente ante posibles crisis regionales.

Recomiendan ampliar las sanciones contra el régimen

Otra de las recomendaciones centrales consiste en ampliar las designaciones estadounidenses contra instituciones del régimen cubano.

AFPI propone que el Departamento de Estado, el Tesoro, Justicia y la comunidad de inteligencia revisen si el Partido Comunista de Cuba (PCC), GAESA u otras organizaciones controladas por el régimen cumplen los requisitos legales para ser designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

El informe plantea examinar su posible participación o apoyo a actividades terroristas, violencia política, represión, ataques contra civiles y asistencia a actores considerados hostiles por Washington.

Asimismo, recomienda mantener una política de máxima presión económica y ampliar las sanciones contra GAESA, funcionarios del PCC y empresas controladas por el régimen. También propone imponer sanciones secundarias a bancos, compañías y gobiernos extranjeros que continúen financiando o facilitando negocios con La Habana.

AFPI plantea que no debería existir un alivio significativo de las sanciones hasta que Cuba celebre elecciones libres y justas, libere a los presos políticos, legalice a los partidos de oposición, garantice la libertad de prensa y avance hacia una economía de mercado.

El informe considera que cualquier mejora de las relaciones entre Washington y La Habana debería estar condicionada a la terminación de la cooperación militar, de inteligencia, cibernética y de vigilancia de Cuba con China, Rusia, Irán y otras potencias adversarias.

AFPI reclama específicamente el cierre de las instalaciones chinas de recopilación de inteligencia en la isla y el fin de la cooperación militar rusa.

También propone que Washington publique evaluaciones periódicas y no clasificadas sobre las actividades militares, de inteligencia, económicas y de infraestructura de potencias extranjeras en Cuba, con el objetivo de exponer el alcance de su presencia.

“Hasta que estas actividades hayan sido verificablemente terminadas, Estados Unidos debería seguir imponiendo costes diplomáticos, económicos y de inteligencia tanto al régimen cubano como a los gobiernos extranjeros responsables de ellos”, sostiene el documento.

El ICAP y la exportación de la influencia cubana

Uno de los apartados del informe está dedicado a las operaciones de influencia política desarrolladas por el régimen cubano durante décadas, particularmente a través del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).

AFPI sostiene que el ICAP, creado en 1960, fue utilizado por La Habana para establecer vínculos con activistas, estudiantes, intelectuales, organizaciones laborales y movimientos políticos extranjeros mediante intercambios académicos, viajes, conferencias y programas de “solidaridad”.

El informe cita como ejemplo la Brigada Venceremos, cuyos viajes a Cuba comenzaron en 1969 y que permitió a miles de estadounidenses visitar la isla, participar en trabajos voluntarios y relacionarse con instituciones del régimen.

Ambas organizaciones han sido monitoreadas por ADN Cuba como parte de los tentáculos internacionales del régimen cubano en el mundo y en el propio EE. UU.

Según AFPI, algunos de esos participantes posteriormente ocuparon posiciones de influencia en la política estadounidense. El documento menciona entre ellos a Antonio Villaraigosa y Karen Bass.

La relación de Bass con la Brigada Venceremos ya había sido investigada por ADN Cuba. La exalcaldesa de Los Ángeles reconoció haber viajado a Cuba con la organización durante su juventud.

Asimismo, ADN Cuba ha documentado la estructura internacional de influencia del ICAP y sus vínculos con organizaciones de solidaridad y programas de Ciudades Hermanas en Estados Unidos.

En julio pasado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó al ICAP de funcionar como un instrumento del régimen cubano para desarrollar operaciones de influencia política, propaganda y apoyo a su estrategia exterior. Rubio también anunció este año el arresto en Estados Unidos de un exfuncionario de la organización.

Washington igualmente sancionó al ICAP en junio pasado, como parte de una ampliación de sanciones contra personas y entidades vinculadas al aparato político, militar y de control social del régimen cubano.

Desmantelar GAESA y romper el control del PCC

AFPI también propone que cualquier normalización futura con Estados Unidos esté condicionada al desmantelamiento del control económico del Partido Comunista y, específicamente, de GAESA, conglomerado empresarial administrado por las Fuerzas Armadas cubanas.

El informe plantea retirar hoteles, bancos, puertos, cadenas comerciales y otras empresas estatales del control militar y someterlas a procesos de privatización abiertos y transparentes.

La organización propone que cubanos de la isla, exiliados y empresas estadounidenses puedan participar en la reconstrucción económica del país, pero que China, Rusia, Irán y otros gobiernos considerados hostiles no puedan adquirir activos estratégicos como puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, infraestructura energética y redes logísticas.

Según AFPI, una verdadera normalización no debería producirse mientras el PCC mantenga el control sobre la economía, los tribunales, las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación y las principales instituciones del país.

El informe también reclama elecciones libres, justas e internacionalmente supervisadas como condición para una eventual normalización de las relaciones con Washington.

AFPI propone que Cuba legalice los partidos opositores, libere a los presos políticos, restaure un poder judicial independiente y garantice las libertades de expresión, religión y prensa.

Además, plantea que cualquier proceso de transición incluya mecanismos de rendición de cuentas por décadas de represión política. Entre las medidas sugeridas están la entrega de fugitivos estadounidenses, la apertura de los archivos del Partido Comunista, el Ministerio del Interior y los servicios de inteligencia, así como el desmantelamiento de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y otras estructuras utilizadas para vigilar a la población.

AFPI propone igualmente modernizar las herramientas estadounidenses destinadas a romper el monopolio informativo del régimen cubano.

El informe recomienda sustituir modelos tradicionales por una estrategia digital que utilice redes sociales, podcasts, plataformas móviles y tecnologías contra la censura para proporcionar información no controlada por La Habana.

También plantea incrementar el respaldo estadounidense a herramientas de comunicación segura, tecnología anticensura y organizaciones independientes de la sociedad civil.

La organización considera que esta estrategia permitiría disputar el control de la información que, según su análisis, ha sido uno de los pilares de la permanencia del PCC en el poder.

Cuba debería abandonar su cooperación con gobiernos autoritarios

Otra de las recomendaciones es que La Habana retire a su personal militar, de inteligencia y seguridad de Venezuela, Nicaragua y otros países donde, según AFPI, contribuye a sostener gobiernos autoritarios.

El informe plantea que un eventual gobierno cubano democrático debería restablecer la cooperación con Estados Unidos y otros gobiernos democráticos en materia de narcotráfico, seguridad y aplicación de la ley.

Como condición para una normalización más amplia, AFPI propone que Cuba demuestre que puede convertirse en un socio de seguridad regional y deje de colaborar con actores criminales y gobiernos autoritarios.

En su conclusión, el informe resume su propuesta en cuatro objetivos: expulsar a los adversarios de Estados Unidos de Cuba, romper el monopolio político del Partido Comunista, restaurar elecciones y mercados libres y garantizar que la isla no vuelva a ser utilizada como plataforma para amenazar a Estados Unidos.

Para AFPI, una Cuba libre, estable y democrática no solo beneficiaría a los cubanos, sino que también reforzaría la seguridad y la prosperidad del hemisferio occidental.