La pandemia de coronavirus, entre otros muchos embates, ha puesto al descubierto la falta de transparencia que existe en las relaciones entre Cuba y Venezuela, hermanadas por los proyectos socioeconómicos de sus regímenes según la retórica oficialista de ambas naciones.
De un lado y otro de ese eje, críticos de los gobiernos han acusado mal manejo de las estadísticas relacionadas con la propagación del coronavirus en los países, motivado por voluntades políticas reacias a reconocer equivocaciones y vulnerabilidades que pongan en entredicho la supuesta solidez de sus sistemas de salud pública.
Como un elemento demostrativo de ello han estado los partes informativos de las autoridades sanitarias cubanas, en muchos de los cuales se oculta la procedencia de los casos de coronavirus importados al país o, cuando ésta se detalla, se evita pormenorizar al respecto para no levantar suspicacias o evidenciar cómo Cuba y Venezuela intercambian tanto COVID como médicos y petróleo en estos tiempos de pandemia.
En tal sentido, entre sábado y domingo son 21 los casos de coronavirus importados que el Ministerio de Salud Pública (Minsap) ha reportado como procedentes de la nación sudamericana. De acuerdo con la información oficial, todos son ciudadanos venezolanos residentes en Matanzas y 30 contactos de ellos se mantienen en observación ante la posibilidad de otros eventuales contagios.
En claro culto a la falta de transparencia y al respeto por la información pública, ni el Minsap ni ninguno de los medios oficialistas han explicado con exactitud quiénes son esos venezolanos y cuándo llegaron contagiados a la mayor de las Antillas, que apenas va saliendo de un severo rebrote que obligó a fuertes medidas restrictivas en la capital cubana por cerca de un mes.
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Tampoco se han dignado a despejar otras inquietudes lógicas que se derivan del episodio, como cuántos venezolanos residen en Matanzas y en toda Cuba, por qué, y qué se hace para mitigar el evento de transmisión autóctona que ya a todas luces están protagonizando. Menos inquietudes hubiera si los contagiados fueran de los miles de colaboradores cubanos que prestan servicios bajo condiciones onerosas en Venezuela, pero incluso en esos casos, la discreción o parquedad en la información impera.
Algo similar ocurrió en agosto, cuando en pocos días cerca de un centenar de cubanos que regresaron de la nación sudamericana dieron positivo al virus.
Si bien la suma nunca fue expuesta claramente en los partes oficiales del Minsap, el conteo caso por caso de las fuentes de infección de los pacientes en la isla reveló y definió en ese entonces a Venezuela como el país que más emite casos de COVID-19 a la mayor de las Antillas.
En la descripción de los casos en ese entonces el Minsap tampoco detalló si los contagiados eran trabajadores de la salud. Sin embargo, el hecho de que no haya vuelos regulares abiertos desde ni hacia Cuba por la pandemia hizo suponer que la mayoría de los retornados fueron parte del personal cubano de salud que trabaja en esa nación sudamericana, alrededor de unos 20 000 profesionales.
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Al ser apuntado por medios independientes, entre ellos ADN Cuba, que Venezuela era el principal emisor de casos de COVID-19 a la isla, el régimen, en vez de esclarecer todos los detalles posibles, optó incluso por modificar los partes en los que se reflejaba el país de infección de los casos importados y omitir ese dato a partir de entonces.
Al parecer ya renunció a tan evidente mala práctica este fin de semana con los 21 casos de venezolanos-matanceros, pero de nueva cuenta sin ofrecer mayores detalles. Quizás duele o preocupa al oficialismo que la hermandad cubano-venezolana se resienta ante los embates de la pandemia, sin percatarse de que, sin transparencia, con COVID e idénticas violaciones a las libertades y derechos individuales, ya él está haciendo que eso pase por sí mismo.
