Demandan al programa de patrocinio de Biden para dar visas a migrantes de Cuba y Venezuela

Los fiscales generales de veinte estados de Estados Unidos presentaron el martes una demanda contra el plan de la administración del presidente Joe Biden de conceder 30 000 visados humanitarios a migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.

La demanda, encabezada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, sostiene que este plan permitirá la llegada de cientos de miles de migrantes a zonas de Estados Unidos que ya están "sobrecargadas".

Asimismo, subrayan que con esta iniciativa el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está abusando de su autoridad para conceder permisos humanitarios.

Barco interceptado | Captura de pantalla

La querella está firmada por fiscales de estados como Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas y Kentucky, entre otros, y se dirige contra el DHS y su representante, Alejandro Mayorkas, así como contra las agencias federales encargadas de la seguridad fronteriza y de regular el flujo migratorio, y sus responsables.

Los fiscales generales estatales reaccionaron al anuncio de la administración Biden a principios de este mes de que aceptaría a más de 30.000 inmigrantes al mes procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, ampliando un programa que lleva en marcha para los venezolanos desde octubre.

Al presentar su demanda, los fiscales argumentaron que dicho plan perjudica a varios estados, como Texas, "que gasta importantes sumas de dinero en prestar servicios a extranjeros ilegales debido a las violaciones del gobierno federal al negarse a aplicar la ley federal".

También pusieron el ejemplo de Florida, que, advirtieron, "se verá irremediablemente perjudicada" por este programa, porque ya gasta "importantes recursos estatales" para prestar servicios a los indocumentados que acoge.

En su opinión, el plan del Gobierno Biden debe ser declarado ilegal porque con él los demandados se han extralimitado en sus competencias para conceder este tipo de visados y, además, no han tenido en cuenta si existe capacidad para expulsar a los beneficiarios del programa una vez agotado el permiso de dos años para permanecer en Estados Unidos.