La directora ejecutiva de Archivo Cuba, María Werlau, aseguró que las muertes de jóvenes mientras cumplían el Servicio Militar Obligatorio (SMO) en la Isla son mucho más numerosas que las documentadas hasta ahora y responsabilizó al régimen cubano por la falta de transparencia que impide conocer la verdadera magnitud del problema.
Las declaraciones de Werlau se producen tras la publicación de un dossier elaborado por el laboratorio de ideas Cuba Siglo XXI, con datos recopilados por Archivo Cuba, que documenta al menos 97 muertes de jóvenes mientras cumplían el Servicio Militar Obligatorio entre 2001 y 2026. Según los autores, esa cifra representa apenas una fracción de los casos reales debido al hermetismo de las autoridades y la inexistencia de estadísticas oficiales.
"A partir del 2022 comenzamos a ver un gran incremento en las muertes reportadas desde Cuba en el servicio militar obligatorio. Hicimos contacto con el administrador de la página en Facebook 'No más VÍCTIMAS en el servicio militar en Cuba' y corroboramos casos y las circunstancias en general. En octubre de 2023 publicamos un informe sobre el tema", explicó Werlau a ADN Cuba este martes.
La investigadora subrayó que los 97 casos verificados constituyen apenas un mínimo del universo de víctimas.
"La cifra real durante más de seis décadas es muchas veces superior a lo que hemos documentado. La dictadura debe terminar para poder acabar con este abuso y tantos otros", afirmó.
El dossier divulgado por Cuba Siglo XXI sostiene que el régimen cubano ha mantenido durante décadas un sistema de opacidad alrededor del Servicio Militar Obligatorio, lo que dificulta documentar todas las muertes, accidentes, suicidios y otros hechos ocurridos durante el cumplimiento del servicio.
Cuba, entre los pocos países que obligan a menores de edad al servicio militar
Werlau recordó que Archivo Cuba ya había alertado sobre esta problemática en un informe publicado en octubre de 2023.
Hasta ese año, Cuba figuraba entre aproximadamente 25 países que mantienen el servicio militar obligatorio y, junto con la dictadura comunista de Corea del Norte, era uno de apenas dos Estados que obligan a prestar servicio militar a menores de 18 años.
La legislación cubana establece que los ciudadanos varones residentes en la Isla, entre 17 y 28 años, deben cumplir generalmente dos años de servicio militar activo y permanecer posteriormente en la reserva hasta los 45 años.
El informe de Archivo Cuba también aborda la utilización de ciudadanos cubanos en conflictos armados promovidos o respaldados por La Habana.
Según el documento, el estrechamiento de la alianza entre Cuba y Rusia y el respaldo del régimen de Miguel Díaz-Canel a la invasión rusa de Ucrania abrieron la puerta para que numerosos cubanos terminaran participando como mercenarios en ese conflicto desde 2022.
"La alianza integral y estratégica de Cuba y Rusia y el apoyo del régimen cubano a la invasión rusa de Ucrania han abierto la puerta para que muchos cubanos sacrifiquen su estabilidad familiar, su bienestar físico y mental, y hasta sus vidas en sórdidas batallas foráneas", advierte el informe.
Archivo Cuba también recuerda el precedente de la intervención militar cubana en Angola entre 1975 y 1991, conocida como Operación Carlota, en la que, según cifras oficiales, participaron 377.033 militares cubanos y 50 mil cooperantes civiles.
De acuerdo con la investigación, aquella intervención no solo tuvo un elevado costo humano, sino que constituyó además un importante negocio para el Estado cubano, sostenido en buena medida por miles de jóvenes enviados al conflicto tras cumplir el Servicio Militar Obligatorio.
El informe señala que muchos de los fallecidos fueron enterrados en territorio angoleño sin ceremonias, en fosas improvisadas y sin que sus familias pudieran recuperar los cuerpos. Durante años estuvo prohibido trasladar los restos a Cuba, una situación que solo cambió al finalizar el conflicto con la denominada Operación Tributo, mediante la cual fueron repatriados restos de combatientes y se realizaron entierros simultáneos en los municipios cubanos el 6 de diciembre de 1989.
Aunque el régimen nunca publicó una lista oficial de fallecidos, se reconocieron 2.085 muertos, incluidos 204 civiles, una cifra que veteranos e investigadores consideran inferior a la real.
Miles de excombatientes regresaron además con amputaciones, secuelas físicas y graves traumas psicológicos. Muchos de ellos, sostiene Archivo Cuba, fueron posteriormente abandonados por el propio Estado y hoy sobreviven en condiciones de pobreza, pese a haber sido enviados a combatir en nombre del régimen.