El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra ocho entidades cubanas y tres altos oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), como parte de la política de presión de la Administración de Donald Trump contra el régimen de La Habana.

Las nuevas medidas apuntan al complejo militar-industrial cubano y al sector del níquel, dos áreas que Washington considera vinculadas al sostenimiento económico y a las capacidades represivas y militares del régimen.

Todas las designaciones fueron realizadas bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Trump el 1 de mayo de 2026, que permite imponer sanciones a personas extranjeras vinculadas con determinados sectores de la economía cubana, la represión y otras actividades que Washington considera amenazas para su seguridad nacional y política exterior.

Entre las entidades sancionadas figuran cuatro empresas militares dedicadas a investigación, desarrollo y producción para las Fuerzas Armadas: el Centro de Investigación y Desarrollo de Simuladores (SIMPRO), dedicado al desarrollo y fabricación de simuladores y entrenamiento para las FAR; el Centro de Investigación y Desarrollo Naval (CIDNAV), vinculado a programas de investigación para la Marina de Guerra Revolucionaria; y el Centro de Investigación y Desarrollo de Armamento de Infantería (CIDAI), dedicado al desarrollo, adquisición, modernización y evaluación de armamento de infantería.

También fue incluido el Centro de Investigación, Desarrollo y Producción Grito de Baire (GELCOM), una entidad militar dedicada a la producción de equipos electrónicos y de comunicaciones.

Junto con estas empresas, el Departamento de Estado sancionó a tres oficiales que ocupan cargos directivos en el aparato militar cubano: Joaquín Francisco Cancio Monteagudo, coronel superior de las FAR y director general de SIMPRO; Dioglis Pedrera Argüello, capitán de las FAR y director general de CIDNAV; y Julio Hurtado Betancourt, coronel superior de las FAR y director general de CIDAI.

Washington también incluyó en la lista a cuatro entidades vinculadas al sector del níquel, una de las principales fuentes de ingresos por exportaciones de minerales de Cuba. Se trata de la Empresa de Servicios Técnicos de Computación Comunicaciones y Electrónica (SERCONI), que presta servicios a la industria del níquel; la Empresa de Ingeniería y Proyectos del Níquel (CEPRONIQUEL), que ejecuta proyectos y coordina operaciones estatales de extracción de minerales; el Centro de Investigaciones del Níquel Capitán Alberto Fernández Montes de Oca (CEDINIQ), dedicado a investigación y desarrollo para ese sector; y PINARES S.A., empresa minera estatal dedicada a estudios geológicos de yacimientos minerales.

Estas entidades contribuyen a la explotación de los recursos naturales cubanos y a la generación de divisas para el gobierno de la isla. La medida se suma a otras sanciones adoptadas este año contra empresas vinculadas al sector minero y energético cubano. El 3 de septiembre, por ejemplo, Washington sancionó al Banco Exterior de Cuba y a otras cuatro entidades relacionadas con las industrias de minería y energía.

Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o estén bajo posesión o control de personas estadounidenses. También quedan bloqueadas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o más de una o varias personas sancionadas.

Asimismo, las personas y empresas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones o proporcionar fondos, bienes o servicios a los sancionados, salvo que exista una autorización o licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). 

La Orden Ejecutiva 14404 también contempla riesgos de sanciones para personas extranjeras que realicen determinadas operaciones con individuos o entidades designados o que operen en sectores identificados como sensibles de la economía cubana.

Más presión de Washington sobre La Habana

Las nuevas medidas forman parte de una serie de acciones adoptadas por la Administración Trump contra el régimen cubano durante 2026. La Orden Ejecutiva 14404 amplió las herramientas disponibles para sancionar no solo a funcionarios y entidades cubanas, sino también, bajo determinados criterios, a personas extranjeras y entidades financieras que realicen operaciones significativas con sectores o personas alcanzados por la normativa.

Desde mayo, Washington ha dirigido medidas contra distintos componentes del aparato económico y represivo cubano. En junio, el Departamento de Estado sancionó cinco entidades y a un integrante de la familia Castro por su relación con redes de generación de ingresos del régimen. En julio, añadió diez entidades vinculadas a fuentes de ingresos estatales, fuerzas paramilitares, vigilancia y represión.

En agosto, Estados Unidos también sancionó a nueve entidades y tres individuos vinculados al régimen, mientras que ese mismo mes el Departamento de Estado designó al Ministerio de la Construcción de Cuba bajo la Orden Ejecutiva 14404.

Con las nuevas designaciones de este jueves, la Administración Trump amplía la presión sobre dos áreas estratégicas para La Habana: la estructura militar encargada de investigación y desarrollo de armamento y tecnología, y la industria estatal del níquel, una fuente de ingresos para el régimen.