Legisladores de Florida buscan frenar exportaciones petroleras venezolanas hasta que Maduro deje el poder
La Ley REVOCAR tiene como objetivo principal prohibir nuevas licencias para transacciones con la compañía petrolera estatal venezolana (PDVSA)
Actualizado: October 18, 2024 7:16am
Las representantes de Florida María Elvira Salazar (republicana) y Debbie Wasserman Schultz (demócrata) presentaron este martes un nuevo proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos, en un esfuerzo bipartidista para aumentar la presión sobre el régimen venezolano de Nicolás Maduro.
La Ley de Revocación de Exenciones al Petróleo Venezolano para Frenar la Represión Autocrática (Ley REVOCAR) tiene como objetivo principal prohibir nuevas licencias para transacciones con la compañía petrolera estatal venezolana (PDVSA).
La Ley rescindirá estas licencias y garantizará que las empresas estadounidenses y europeas ya no puedan financiar la represión del dictador Nicolás Maduro y así acelerar el proceso de transición democrática en el país sudamericano.
“Hace tiempo que se debe cortar el flujo de dinero que la dictadura de Maduro utiliza para oprimir a su pueblo”, expresó Salazar en un comunicado publicado por su oficina. “Estamos enviando un mensaje alto y claro de que si Maduro se queda, no habrá dinero del petróleo para el régimen venezolano”.
En una audiencia, Salazar condenó a varias empresas petroleras estadounidenses y europeas de seguir haciendo negocios con PDVSA, incluso después de las fraudulentas elecciones presidenciales del 28 de julio.
La congresista señaló que empresas como Chevron, Repsol, Eni y Maurel et Prom se están beneficiando de la continua represión de la oposición venezolana al operar con PDVSA.
El comunicado explica que la Ley REVOCAR pone fin al sustento financiero de Maduro al prohibir a los ciudadanos y empresas estadounidenses relacionarse con PDVSA mediante la eliminación de las Licencias Generales emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Las prohibiciones se extenderían por tres años o hasta que el presidente electo, Edmundo González Urrutia, haya tomado el poder en Venezuela de manera pacífica y democrática.
La iniciativa surge en un contexto de alta tensión política en Venezuela. Mientras el régimen asegura que Maduro ganó las elecciones con el 51% de los votos, la oposición sostiene que González es el ganador, con el 67% de los votos, con base en el “83,5% de las actas electorales” recabadas por testigos y miembros de mesa el día de los comicios.
