El economista Mauricio de Miranda Parrondo, criticó la pretendida “reforma” del sector privado en Cuba y las medidas anunciadas esta semana por el régimen. El experto también pidió una verdadera democracia en la isla.
“El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba ha publicado, finalmente la lista de actividades prohibidas para el desempeño del trabajo por cuenta propia”, comenzó el especialista un extenso comentario en Facebook.
Recordó que muchos economistas, incluyéndose él, desde hace mucho sugirieron que, en vez de tener una relación de las actividades permitidas, el Estado debía emitir una lista “con la consideración de que solo debía prohibirse unas pocas, entre ellas las relacionadas con el narcotráfico y otras lesivas a la dignidad humana”.
Pero en la Mesa Redonda del 9 de febrero, el ministro de Economía, Alejandro Gil, y la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Martha Elena Feitó, “se ufanaban de que de acuerdo con el Calificador Nacional de Actividades Económicas (CNAE) se permitía el desempeño de más de 2000 actividades en forma de Trabajo por Cuenta Propia (TCP)”. Sin embargo, apunta Mauricio de Miranda, se prohíben 127 actividades. Tanto Gil como Feitó insistieron en que estas medidas no eran improvisadas, sino el resultado de importantes consultas que incluyeron también a académicos.
“No sé a quienes consultaron ni cuál fue la profundidad de la consulta, pero después de las reconsideraciones de algunas de esas medidas relacionadas con precios y tarifas (no han reconsiderado otras relacionadas con la jubilación) si parece que ha habido improvisación o al menos muchos errores en la concepción de dichas medidas”, denunció el prestigioso académico.
Mauricio de Miranda es profesor e investigador de la Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia). Tiene un doctorado en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid (España).
Según el experto, “sigue imperando la lógica de no hacer reformas estructurales profundas que conduzcan a una senda de crecimiento económico y de mejoramiento del bienestar de la población, sino de ir abriendo poco a poco algunas cosas y apretando el control sobre otras, aparentando que hacen cambios importantes cuando en realidad son solo cambios cosméticos y en algunos casos, franco retroceso”.
Denunció que “sigue la lógica de mantener, por encima de todas las cosas, el control sobre la sociedad. ¿Qué queda de aquella frase de Engels en Antidühring de que el socialismo era 'una asociación libre de productores'?”
Advierte que, en la lista de actividades, “hay muchas que no pueden ser realizadas por TCP (explotación de minas y canteras o exploración petrolera, para solo mencionar dos ejemplos) debido a la magnitud de las actividades y a los requerimientos de capital, pero sí podrían ser desarrolladas por empresas privadas. Y aquí está uno de los principales problemas”.
No debería pasar inadvertido que dentro de las actividades prohibidas, están la edición y maquetación de libros, tabloides, periódicos y revistas en cualquier formato o soporte, lo cual dejaría al periodismo independiente y a los portales con formato de revistas en la ilegalidad, lo cual es inadmisible y contraviene los derechos reconocidos en la Constitución. Se prohíbe la actividad de periodismo independiente. También se prohíben la producción audiovisual y cinematográfica, las grabaciones y ediciones musicales por cuenta propia, así como las actividades de programación cultural de la música, las artes escénicas, las artes plásticas, el cine, etc”.
Miranda Parrondo continuó relacionando el nuevo absurdo: “Se prohíben las actividades inmobiliarias, se prohíben las actividades jurídicas y de contabilidad, así como las de arquitectura e ingeniería, ¡se prohíbe la investigación científica privada! (Qué diría Galileo Galilei), se prohíben las agencias de viaje y los operadores turísticos”.Para el economista, “esta es una decisión retrógrada pero movida además por motivos políticos con la intención de callar las críticas que sistemáticamente se hacen a la gestión gubernamental desde el periodismo independiente”.
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Denuncia que “en estas decisiones quedan bien precisas las camisas de fuerza que siguen frenando el desarrollo de negocios lícitos en los que podían desplegarse habilidades profesionales. Adicionalmente, y no menos importante, se condena a la ilegalidad a quienes desarrollan actividades periodísticas y culturales por fuera de las estructuras del control ideológico del partido comunista y todo ello a pesar de que hace solo dos años se proclamó una Constitución que reconoce el derecho a la libertad de pensamiento y expresión (Artículo 54), la libertad de prensa (Artículo 55), entre otros”.
Señala que muchos economistas han insistido en que las medidas adoptadas por el gobierno cubano tienen problemas relacionados con la secuencia y con la profundidad de las mismas, además de que algunos, como él, consideran que “ciertas medidas han sido incorrectas”. Opina que, a pesar de que en julio de 2020 se habló del tema de pequeñas y medianas empresas (Pymes) de diversas formas de gestión (se evita hablar de “privados”), “nada se ha hecho en torno a esto y por allí debieron comenzar”.
“Por otra parte, si la ley de inversión extranjera permite el desarrollo de empresas privadas de capital totalmente extranjero, sin limitaciones de dimensión, ¿por qué no se permite lo mismo para el capital privado nacional? ¿Es que el 'socialismo cubano' se encuentra cómodo funcionando con capitalistas foráneos y no con capitalistas nacionales?” Y cuestionó a la ministra Feitó, quien dijo en su intervención que “la comercialización es responsabilidad del Estado”.
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Mauricio de Miranda replicó: “Llevan 62 años haciéndolo mal. En una gran medida, la escasez generalizada de bienes en Cuba, que ya es un mal crónico en el país, se debe a que no se producen suficientemente los bienes que necesita la población para su consumo (…) y entonces es necesario importar y el Estado carece de divisas para hacerlo. Pero en pocos países del mundo, el Estado es el que importa bienes de consumo, eso lo hacen las empresas, y en la mayor parte de países, se trata de empresas privadas”.
Calificó a las medidas de la dirigencia castrista de “reformas insuficientes y poco profundas y con inmovilismo que condena al país a la profundización de la pobreza, a lo que se suma un sistema político totalitario esclerosado”.
“En Cuba se hace necesario, además de una profunda reforma económica, una no menos profunda reforma del sistema de gobierno y de sus instituciones, que conduzca a una verdadera democracia, porque en un sistema democrático, con un parlamento libremente elegido, no importa si se dispone de mayoría o no, se podría interpelar a un ministro o al gobierno en pleno por sus políticas erradas”, denunció el economista.
“En un parlamento libremente elegido se podría disponer de una iniciativa legislativa real. Y en un sistema democrático existirían los mecanismos que permitirían exigir la rendición de cuentas a quienes deben hacerlo, porque no están por encima del pueblo sino a su servicio”, añadió casi al final de su post en Facebook.
