“Pareciera que somos una isla cercada por prohibiciones y no rodeada de mar”, dice Oscarito, encargado de distribuir el Paquete Semanal en su barrio, mientras lee la Gaceta Oficial No. 45 Ordinaria de 4 de julio de 2019, donde el Consejo de Estado publicó el Decreto-Ley No. 370/2018, sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba.
Aunque solo tiene 23 años de edad, Oscarito está convencido de que en Cuba “no se envejece por los años, sino por el rosario de restricciones que te bombardean la vida a diario”.
“Este país te obliga a meterte en política, no importa cuánto corras, o que quieras mantenerte al margen… siempre te alcanzará y para mal”, se queja Oscarito, graduado en Electrónica en el politécnico Osvaldo Herrera, hijo de militares retirados, y supone que su negocio podría estar amenazado, ahora jurídicamente, bajo los acápites del Decreto-Ley 370.
Aprobado por el Consejo de Estado desde el 17 de diciembre de 2018, el Decreto-Ley 370 expresa tener, entre sus varios objetivos, “elevar la soberanía tecnológica en beneficio de la sociedad, la economía, la seguridad y defensa nacional; contrarrestarlas agresiones cibernéticas; salvaguardar los principios de seguridad de las redes y servicios; así como defender los logros alcanzados por el Estado Socialista”.
“En beneficio de la sociedad no es”— dice Luz María Arenas mientras aguarda, junto a dos amigas, en la cola para entrar a la recién remodelada heladería Coppelia.
“Tendrían que definir qué entiende el Estado por sociedad, porque las prohibiciones ¿en quiénes recaen, en los peces de colores?”, ironiza Arenas, defensora de los derechos de los animales y muy activa en las redes sociales. Junto a sus dos amigas tiene la idea de crear un blog, pero el Decreto-Ley 370 le supone un escollo al no definir claramente qué se puede hacer y qué no.
“El Estado cubano es quien ha ʻpolitizadoʼ las acciones de los defensores de los animales, y eso nos deja en desamparo ante la interpretación y ejecución, personalizadas, de esta ley que es totalmente política. Por tanto, es una ley contraria al beneficio de la sociedad”, agraga.
Mayi García es una joven camagüeyana, ejerce como manicure en su propia casa y es seguidora de las publicaciones de varios periodistas independientes en las redes sociales, y sus post, aunque no emite criterios personales sí son abiertamente de apoyo a la actividad opositora en la Isla.
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“El pasado lunes fue avisada, ‘por un hombre’, que sería notificada para presentarse en la unidad policial de su territorio, ‘para conversar’”. Supone que no sea por su actividad privada de manicure, pues la ONAT ni sus inspectores se presentan con tanto misterio, ni te cita para una unidad policial, “así que cuando me manden la citación oficial tendré evidencia, aunque también grabé la conversación con el hombre que me avisó”, cuenta García.
“A mi madre le subió la presión, se alteró mucho porque estaba presente cuando me vinieron buscando y ella también sospecha el por qué”, relata la joven, a quien jamás le han puesto siquiera una multa, y su familia podría ser catalogada de “intachable”, como define el régimen cubano a sus seguidores o a quienes no se involucran en política.
El Artículo 18 del Decreto-Ley 370, en su inciso b), insiste en que su finalidad es “promover la ampliación de capacidades y el uso de Internet, con precios cada vez más accesibles y competitivos”. Sin embargo, la periodista independiente Yoani Sánchez ha sido blanco de ofensas de funcionarios del régimen, por participar en una campaña que exige, precisamente, que bajen los precios del servicio de internet.
“Una contradicción que deja al descubierto las verdaderas intenciones del Decreto-Ley 370: sofocar cualquier voz que no sea afín a los dictados del Partido Comunista”; señala Luis Alberto Dimas, un joven informático que se encuentra en proceso de trámites para obtener una licencia para utilizar redes privadas con conexión remota.
“Es bastante curioso que la 370 se haga oficial después de que se aprobara, para las personas naturales, la licencia de operación de redes exteriores de datos privadas a través de la infraestructura del operador público Etecsa”, recela Dimas en referencia a las Resoluciones 98 y 99 del Ministerio de Comunicaciones.
Según explicaron autoridades de esa cartera, estas dos normativas permitirían a los usuarios las redes personales, sin fines de lucro, “al interior de sus domicilios para compartir juegos, copiar archivos, sin necesidad de trámites”.
Para Dimas queda claro, “por descarte”, que el Decreto-Ley 370 va dirigido exclusivamente contra la libertad de expresión, “ya sea esta emitida desde la oposición al Gobierno o no”.
En sus contravenciones, el Decreto-Ley 370 sostiene, en el Artículo 68 inciso i) que serían penadas las personas naturales y jurídicas que difundan, “a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.
“Como siempre, estaremos todos sujetos a la interpretación del Partido, cuáles son los contenidos o expresiones contrarias a la moral, las buenas costumbres y la integridad de la gente”, concluyó.
