El ordenamiento monetario decretado por el régimen en la isla, en medio de una crisis económica y financiera que empeoró tras la expansión de la COVID-19, podría conllevar entre sus consecuencias un significativo índice de despidos laborales en el sector estatal
 
 
 
 
 
     
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
