A la calle, a pesar del coronavirus que avanza por Cuba. Esa podría ser la triste realidad de varias familias del municipio Cotorro, en La Habana, quienes se enfrentan al desalojo y destrucción de su comunidad por parte del gobierno local.
Con el argumento de que se trata de un “asentamiento ilegal” las autoridades pretender aplicar mano dura con estas familias, sin reparar en que este es el peor momento para desamparar a la población pues la COVID-19 está en ascenso en el país.
Un reporte en video publicado por el usuario de YouTube identificado como Delibera, muestra la comunidad en la que residen unas mil personas, donde antes estaba el patio de la fábrica metalúrgica Antillana de Acero.
Según el reporte, quienes viven allí proceden fundamentalmente de el Oriente de Cuba, y habrían ocupado un terreno en desuso y lleno de maleza para construir viviendas con esfuerzo propio, luego de que muchos vieran aplazadas las promesas de que les ayudaran en sus centros de trabajo a conseguir casa.
“Al contrario, fueron multados con 1500 pesos para luego legalizar su vivienda. Ahora son llamados ‘lacra’ por la presidenta del gobierno municipal para poderlos desalojar, sin el menor ápice de humanidad, en medio de una pandemia. ¿Será que lejos de ser ciudadanos cubanos, son los condenados cubanos?”, cuestiona el usuario.
Los materiales originales provienen del ciudadano Humberto Doval, quien publicó en su muro de Facebook varios videos breves y fotos de diferentes momentos de la expulsión.
“Señores, una pregunta: ¿Desalojo en Cuba en plena pandemia? ¿Será posible tal crimen? (…) desde mi punto de vista están firmando su sentencia de muerte. ¿Dónde está: ‘Yo me quedo en casa’? (…) quiero respuestas, señores. Esto es en el Cotorro. Casa de Yarel Misa González”, comentó Doval.
Uno de los materiales muestra a un hombre con un martillo desbaratando una casa de madera mientras una mujer lo observa. Algunos de los obreros que el gobierno envío para desmantelar la comunidad, reclamaron que no los filmaran a ellos, si no a unas personas que al parecer eran los inspectores que dirigían la operación.
“Esas son las gentes que trajeron los de Protección Física para la demolición de las casas. Miren, y dicen que no hay demolición en Cuba. ¿Y eso qué cosa es? Después Díaz-Canel dice que no, que no hay demolición en Cuba. ¿Y qué es lo que están haciendo ahí? Para que vean que este país es falso”, alegan en el video.
También se ven a algunos afectados que portan mascarillas, en el instante en que llega una patrulla de la policía.
“Los inspectores descarados tuvieron que irse porque no pudieron con el pueblo. Pero aquí todo el mundo está preparado para cuando vengan, volverles a caer arriba. ¿Cómo tú vas a demoler una vivienda que tú no sabes con el sacrificio que la hicieron?”, añadió.
Luego los afectados acudieron a la sede del gobierno municipal a protestar por el atropello. En medio de una gran algarabía, agentes de la policía impiden la entrada al local.
Según estadísticas oficiales, el 39% de las edificaciones de la Isla están clasificadas en estado constructivo malo o regular. En respuesta a un déficit de casi un millón de inmuebles, el gobierno intenta llevar a cabo una estrategia que promete resolver el problema en 10 años.
El presidente Miguel Díaz-Canel prometió atender el déficit habitacional de forma inmediata, construyendo una vivienda diaria por municipio. Sin embargo, lo que está sucediendo es que muchas edificaciones de La Habana se derrumban provocando muertos, y otras precarias viviendas las desmantela el gobierno.
A mediados de abril, cuando ya el coronavirus avanzaba en Cuba, el régimen hizo saber que emprendería una cruzada contra las construcciones ilegales en Cuba, llamadas “llega y pon”. Ante la falta de oportunidades económicas en las demás provincias de la isla, miles de cubanos emigran a la capital donde son rechazados y perseguidos.
En una reunión en la que participaron Miguel Díaz-Canel y el Primer Ministro, Manuel Marrero, el presidente del Instituto de Planificación Física, Samuel Rodiles, dijo que es en La Habana donde más han habido ilegalidades de carácter urbanístico al cierre del 2019.
El funcionario refirió que en diferentes lugares donde se continúan construyendo viviendas de manera ilegal, del tipo “llega y pon”, y que no son enfrentadas por los gobiernos con la inmediatez requerida, lo cual genera impunidad.
Ante la voz del amo, al parecer hay gobiernos locales que se apresuraron a “barrer” con ciudadanos que no desean en sus predios.