Hasta este 24 de marzo Venezuela ya tenía confirmados 91 casos de COVID-19, 66 de ellos concentrados en Caracas, y en los estados Vargas y Miranda. Para frenar los contagios, el gobernante Nicolás Maduro, además de la orden de cuarentena colectiva que ya tiene más de una semana, anunció la noche del 23 de marzo el recrudecimiento del aislamiento en estos estados.
La nueva medida de Maduro se observó la mañana de este 24 de marzo en las calles de Catia y Petare, dos zonas populares de la Gran Caracas que no habían cumplido con la orden de guardarse en sus casas. Estas barriadas amanecieron tomados por efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) y de la Guardia Nacional (GN), cuyos uniformados, antes que comenzara la actividad comercial que día a día se desarrolla en esas zonas, se encargaron de cerrar sus accesos y fijar pelotones en las calles para impedir el paso de transeúntes.
Vecinos de Catia y Petare presumen que la restricción de movilidad que se llevó a cabo este martes se debe a que el comercio formal e informal no había cesado en esas zonas, Pero este 24 de marzo el aislamiento no quedó a su discreción, sino que las cerró el mercado popular de Catia (el principal de la zona) y comercios que venden alimentos no perecederos, carnicerías y ventas de verduras, también fueron obligados a cerrar máximo las 2:00 pm, y atender a una persona por vivienda. A quienes trabajan en el área de transporte les pidieron que sus unidades laboren hasta mediodía, y respecto a los dueños de vehículos particulares la orden es solo una persona por carro. Además de estas órdenes, cada venezolano debe hacer uso del tapabocas.
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Respecto a la situación en Petare, la toma fue realizada por funcionarios de la Guardia Nacional, allí clausuraron la Redoma de Petare, donde a pesar de la medida de cuarentena seguía funcionando el comercio formal e informal. Vecinos desconocen hasta qué día se mantendrá este recrudecimiento del aislamiento, sin embargo, este miércoles 25 de marzo el paso no estaba trancado, solo que comercio que no trabaje hasta la hora fijada será clausurado hasta nuevo aviso.
Es de acotar que Venezuela se encuentra en estado de alarma, el cual fue decretado por Nicolás Maduro el 12 de marzo y el mismo está contemplado en el artículo N° 338 de la Constitución de Venezuela que indica que solo puede ser aplicado en caso de catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la nación o de sus ciudadanos. Este decreto tiene una validez de 30 días, y una vez que se cumpla, se puede prorrogar, sin embargo, especialistas en seguridad ciudadana no recomiendan su extensión por tantos meses.
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Venezuela, en 2019, también vivió la aplicación de un decreto de alarma con la situación de apagones generalizados que se dieron en los 23 estados del país. Zulia, cómo fue la región menos favorecida y donde la falla continua de luz se extendió casi 15 días, los vecinos comenzaron a protestar y la policía y la Guardia Nacional fueron sacados a la calle. La presión de no tener qué comer hizo que en Maracaibo se desencadenara una ola de saqueos que afectó a unos 500 comercios, según un balance que ofreció Fedecámaras.
Javier Mayorca, especialista en seguridad ciudadana, indica que si en este estado de alarma los cuerpos de seguridad son concentrados en garantizar las medidas de cuarentena, y se mantiene por varias semanas la circulación de la gente durante mucho tiempo hay posibilidades que el orden público pueda romperse, pues la mayoría de venezolanos viven de lo que ganan del día y actualmente están obligados a quedarse en casa sin alimentos, sin agua, sin medicamentos.
Un ejemplo de esto lo dio el pasado 23 de marzo la comunidad de Petare, pues falta de agua, gas, y de no poder movilizarse para obtener alimentos, algunas personas trancaron como protesta el puente que da acceso al barrio.
La militarización de algunas áreas de Venezuela, más la falta de gasolina, y el miedo por no contagiarse de coronavirus -en un país donde el servicio de salud público es precario- hace que la ciudadanía se encuentre en una olla de presión que cada día sube más el nivel. Especialistas temen porque el recrudecimiento de medidas de aislamiento solo provoque más tensión, y que la capacidad policial y militar no sea suficiente para manejarla.
