En medio de la peor crisis económica y alimentaria que ha vivido Cuba en décadas, organismos de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) han aprobado en las últimas semanas nuevos programas de cooperación para la Isla que suman decenas de millones de dólares y que, una vez más, serán ejecutados en coordinación con instituciones del régimen cubano, pese a los reiterados cuestionamientos sobre la falta de transparencia y rendición de cuentas del Estado.

Para el Dr. Orlando Gutiérrez-Boronat, secretario General de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), "existe un entramado de asistencia al régimen castrista disfrazado de ayuda humanitaria que es promovido por las estructuras de izquierda dentro de la ONU y la UE". La organización que el activista lidera lleva años realizando labores de incidencia en Europa para que termine el financiamiento a La Habana.

El primero de estos proyectos fue aprobado el 26 de junio, cuando la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA/WFP) dio luz verde al Programa País para Cuba 2026-2030, con 29 votos a favor y solo dos en contra.

El plan prevé una inversión de 116 millones 425 mil dólares entre el 1 de julio de 2026 y el 31 de diciembre de 2030, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de la población cubana.

Paradójicamente, el propio PMA reconoce en su documento oficial la gravedad de la situación que atraviesa la Isla.

"Persisten importantes desafíos en materia de seguridad alimentaria y nutrición. Tras la pandemia de coronavirus de 2019, Cuba ha estado experimentando una crisis económica con alta inflación y una erosión del poder adquisitivo que, combinado con el embargo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba y la exposición repetida y el aumento de desastres y riesgos naturales, ha dificultado la disponibilidad y el acceso económico a alimentos para la población en general", señala el organismo.

Añade además que "la dieta del hogar medio suele ser inadecuada en cuanto a la ingesta energética y no es lo suficientemente saludable o diversa. Las deficiencias de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad son preocupaciones crecientes para la salud, especialmente entre los grupos poblacionales nutricionalmente vulnerables".

Aunque el PMA atribuye parte importante de la crisis al embargo estadounidense, el documento evita mencionar el impacto de décadas de control estatal de la economía, la destrucción del aparato productivo, el desplome de la agricultura nacional y las políticas económicas del propio régimen, señaladas por numerosos economistas como factores determinantes del desabastecimiento que padecen los cubanos.

El Estado vuelve a controlar la distribución

Más allá del financiamiento, uno de los aspectos más llamativos del programa es que el PMA vuelve a depositar la implementación de sus acciones en la estructura estatal cubana, según un análisis del documento realizado por ADN Cuba.

El documento establece que la distribución de alimentos se realizará a través del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) y sus redes de distribución, junto al Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX) y los gobiernos locales.

Para la respuesta a emergencias, el organismo trabajará con la Defensa Civil, la Cruz Roja Cubana y otras agencias de Naciones Unidas.

Además, el seguimiento de los resultados será realizado conjuntamente con el régimen cubano y los propios datos serán reportados por instituciones estatales.

En ningún apartado del documento se prevé la creación de mecanismos independientes de distribución, auditoría o verificación. Por el contrario, el PMA insiste en fortalecer los canales de distribución ya existentes, incluidas las mismas estructuras estatales responsables del reparto de la canasta básica normada, ampliamente cuestionadas por los continuos desabastecimientos y por las denuncias de desvío de recursos.

Nuevo respaldo financiero para actores económicos

Apenas unos días después trascendió otro programa financiado con fondos internacionales.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) informó que 63 iniciativas de nuevos actores económicos fueron seleccionadas para recibir respaldo financiero dentro del proyecto "Apoyo a los nuevos actores económicos para una diversificación económica, innovativa y sostenible (NAE)", financiado por la Unión Europea.

Las iniciativas pertenecen a los sectores agroalimentario, energías renovables y tecnologías de la información y las comunicaciones.

Entre ellas se encuentran al menos tres llamadas mipymes estatales: Soluciones Copextel en Villa Clara -pertenece a la empresa del régimen COPEXTEL-; InnovaSolar en Guantánamo; y Servivip en La Habana. 

Existe poca información pública en general sobre estas empresas mencionadas. ADN Cuba solo encontró presencia de Servivip en Facebook y la página no realiza publicaciones desde 2022.

Aunque el PNUD no reveló el monto que recibirá cada proyecto ni el presupuesto total destinado a esta convocatoria, confirmó que el proceso fue desarrollado conjuntamente con instituciones del régimen, entre ellas el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (MINCEX), el Ministerio de Comunicaciones (MINCOM), el Ministerio de Educación Superior (MES), el Banco Central de Cuba (BCC) y el Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales (INAENE).

Cooperación sin controles independientes

Ambos anuncios evidencian que Naciones Unidas y la Unión Europea mantienen su política de cooperación con Cuba apoyándose en las instituciones estatales para ejecutar sus programas, incluso cuando organismos internacionales y expertos independientes han señalado reiteradamente la falta de transparencia del Estado cubano.

En Cuba no existen mecanismos independientes de fiscalización del gasto público, las instituciones encargadas de ejecutar estos programas responden directamente al Partido Comunista y la ciudadanía no tiene acceso a información pública que permita verificar cómo se administran los recursos internacionales ni evaluar el cumplimiento de los objetivos comprometidos.

Pese a ello, tanto el PMA como el PNUD continúan confiando la ejecución, distribución y evaluación de sus proyectos a los organismos oficiales. En el caso del programa alimentario aprobado por el PMA, incluso los indicadores de seguimiento y los reportes de resultados dependerán de la información suministrada por las propias instituciones gubernamentales.

Este modelo de cooperación ha sido objeto de críticas durante años, pues organizaciones independientes advierten que la ausencia de controles externos dificulta garantizar que la ayuda llegue efectivamente a las personas más necesitadas y abre la puerta a que los recursos sean utilizados con criterios políticos o sin una supervisión pública efectiva, en uno de los países con menor transparencia institucional del continente.