El Gobierno de República Dominicana confirmó la expulsión de nueve diplomáticos cubanos y sus familiares, pero decidió mantener en reserva las razones que motivaron la medida, informó el diario dominicano Listín Diario.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana (MIREX) señaló que manejará el caso “con la debida discreción” con el propósito de preservar las relaciones bilaterales con Cuba.
“Al tratarse de comunicaciones diplomáticas, informamos que no se ofrecerán detalles adicionales sobre este tema”, indicó la Cancillería dominicana en un comunicado publicado este jueves.
El MIREX confirmó que solicitó formalmente a la Embajada de Cuba el retiro de nueve integrantes de su misión diplomática y sus familiares, para lo cual concedió un plazo de siete días. La fecha límite para abandonar el territorio dominicano vence el próximo 16 de agosto.
Hasta el momento no han trascendido las identidades de los funcionarios afectados. Listín Diario, que adelantó la información sobre la expulsión, había señalado que el número total de personas afectadas podría ascender a unas 21, incluidos los diplomáticos y sus familiares.
La Cancillería dominicana aseguró que la decisión se encuentra dentro de las facultades que el derecho internacional reconoce al Estado receptor y de las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de la cual República Dominicana es Estado parte.
La Habana acusa a Santo Domingo de ceder ante EEUU
La decisión provocó una respuesta inmediata del régimen cubano. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla acusó al Gobierno dominicano de actuar bajo presión de Estados Unidos.
“No hay otra explicación para esta acción que no sea el sometimiento del gobierno dominicano a las presiones del gobierno de EEUU, que, en su empeño de aislar a Cuba, se ha propuesto dañar nuestras relaciones diplomáticas con los países de la región”, afirmó Rodríguez.
La Habana rechazó la expulsión y sostuvo que la medida carece de justificación.
El episodio ocurre en un contexto de creciente distanciamiento entre varios gobiernos latinoamericanos y el régimen cubano.
En marzo, Ecuador expulsó a todo el personal diplomático cubano acreditado en Quito, incluido el embajador, y retiró a su representante diplomático de La Habana, una decisión que implicó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. El Gobierno de Daniel Noboa justificó la medida con base en sus facultades bajo la Convención de Viena.
Pocos días después, el presidente ecuatoriano afirmó que las autoridades habían detectado presunta injerencia cubana en actividades políticas, de disidencia e incluso violentas dentro de Ecuador.
También en marzo, Costa Rica anunció el cierre de su embajada en La Habana y solicitó a Cuba retirar al personal diplomático de su representación en San José, aunque permitió la permanencia de funcionarios consulares.
El Gobierno costarricense justificó entonces la decisión por su “profunda preocupación” ante el deterioro sostenido de los derechos humanos en Cuba y el incremento de actos de represión contra ciudadanos, activistas y opositores. También denunció un agravamiento de las restricciones a las libertades de expresión, asociación y manifestación pacífica.
La Habana reaccionó en ambos casos atribuyendo las decisiones de Quito y San José a supuestas presiones de Washington, un argumento que ahora vuelve a utilizar para responder a la expulsión de sus diplomáticos de República Dominicana.
La decisión dominicana, sin embargo, mantiene por ahora en secreto el motivo concreto de la expulsión, mientras el plazo otorgado a los funcionarios cubanos y sus familiares se acerca a su vencimiento.
