El régimen cubano flexibilizó parcialmente las restricciones al sector privado con la aprobación del Decreto 160/2026, firmado por el primer ministro Manuel Marrero que reduce el listado de actividades económicas prohibidas para los actores no estatales.
Aunque la medida permitirá la incursión de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y trabajadores privados en sectores antes reservados exclusivamente al Estado, el régimen mantiene un férreo control sobre áreas consideradas estratégicas, como la prensa, las telecomunicaciones y la actividad política.
El decreto establece en su artículo 3.1 que "los actores económicos no estatales pueden ejercer cualquier actividad económica lícita, de conformidad con la legislación vigente, excepto las que se identifican como no autorizadas", lo que supone un cambio respecto al esquema anterior, basado en un listado de actividades permitidas.
Asimismo, la normativa aclara que quedan excluidas de su ámbito de aplicación las mipymes estatales, las asociaciones entre entidades estatales y no estatales y las organizaciones políticas, sociales y de masas.
Farmacias privadas y venta de medicamentos, entre las novedades
Entre las actividades que ahora podrán desarrollar los actores económicos privados figuran algunas que hasta ahora estaban vedadas por completo o reservadas al monopolio estatal.
Una de las novedades más significativas es la autorización para prestar servicios farmacéuticos y ópticos, lo que abre la puerta a la creación de farmacias privadas y a la comercialización de medicamentos, un cambio relevante en un país que atraviesa una profunda crisis de desabastecimiento de productos médicos.
También se autoriza, aunque siempre bajo aprobación del Estado, la extracción de petróleo crudo y gas natural, la generación y comercialización de energía renovable, la gestión de instalaciones deportivas, los servicios de descontaminación y gestión de desechos, el transporte por tuberías y la explotación de gasolineras, entre otras actividades.
Sin embargo, prácticamente todas estas nuevas posibilidades quedan condicionadas a autorizaciones previas de las autoridades, lo que mantiene al Estado como árbitro de quién puede operar y bajo qué condiciones.
La prensa independiente y el acceso a internet siguen prohibidos
Pese a la ampliación del espacio para algunos negocios privados, el decreto preserva el monopolio estatal sobre sectores considerados sensibles para el control político.
Entre las actividades que continúan expresamente prohibidas para el sector privado figuran la edición y publicación de periódicos, revistas y libros, así como la radio y la televisión, cerrando cualquier posibilidad de legalizar medios de comunicación independientes.
También permanecen vetadas las actividades de telecomunicaciones por satélite, incluidas las relacionadas con el servicio público de acceso a internet, lo que mantiene el control estatal sobre las comunicaciones y el flujo de información.
El listado de prohibiciones incluye además la fabricación de vehículos militares, aeronaves y medios no tripulados, la fabricación de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías, la venta de armas de fuego y municiones, así como las actividades vinculadas a sindicatos independientes.
En la práctica, la iniciativa mantiene intacto el monopolio del régimen sobre ámbitos estratégicos como la información, las telecomunicaciones, la defensa y la organización laboral.
Parte del paquete de 176 medidas para contener la crisis
La modificación forma parte del paquete de 176 medidas económicas y sociales anunciado por el régimen en junio, con el que busca intentar reactivar una economía en caída libre, golpeada por la escasez crónica, la inflación, los prolongados apagones y el éxodo masivo de ciudadanos.
No obstante, pese al alcance de algunas de las medidas económicas, el plan no contempla cambios políticos ni una redistribución del poder dentro del sistema instaurado por el Partido Comunista de Cuba (PCC).
El propio discurso oficial dejó claro que las reformas no representan una apertura política ni un abandono del modelo de partido único. Marrero insistió entonces en que la planificación socialista seguirá siendo el eje rector de la economía y defendió que la incorporación de mecanismos de mercado no constituye una "claudicación", sino una herramienta para preservar el proyecto político del régimen.
Así, aunque La Habana concede un margen mayor para la actividad empresarial privada en determinados sectores, mantiene intactos los pilares que sostienen su control político: el monopolio sobre los medios de comunicación, las telecomunicaciones, la organización social y las áreas consideradas esenciales para la permanencia del sistema.
